El Gobierno ecuatoriano inicia esta semana las conversaciones con las empresas petroleras privadas para cambiar el modelo de contrato y exigirles una aportación mayor a las arcas públicas.
Las negociaciones debían haber comenzado hoy en un hotel del centro-norte de Quito, según dijo a Efe una fuente del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, pero al final no se realizaron en esta jornada.
El titular de ese ministerio, Wilson Pástor, confirmó hoy en Radio Sonorama que las reuniones sobre el nuevo contrato tendrán lugar esta semana.
El Gobierno recibió el viernes los comentarios de las compañías sobre el borrador del nuevo contrato, aunque ya ha advertido que no cambiará las cláusulas principales.
Paralelamente, el Gobierno negociará con cada empresa de forma individual la nueva tarifa que recibirán por el petróleo que bombeen.
Pástor indicó que las negociaciones al respecto se iniciarán el miércoles, cuando se sentarán a la mesa representantes del Gobierno con la hispano-argentina Repsol-YPF.
Se abrirán al mismo tiempo conversaciones con Sipec, la filial ecuatoriana de la chilena Enap (Empresa Nacional del Petróleo).
De acuerdo con el nuevo modelo de contrato, las empresas pasarán a ser prestadoras de servicios y a recibir una tarifa fija por ello, mientras que el dueño legal del petróleo y el gas natural producido será el Estado.
En cambio, según los contratos actuales de participación, las compañías poseen los hidrocarburos que salen del subsuelo.
Actualmente, Ecuador recibe el 65% del beneficio por la venta del petróleo extraído en su territorio por las empresas privadas y con el nuevo acuerdo pretende elevar ese porcentaje a entre el 85% y el 90%.
El Gobierno ha presentado a las petroleras un contrato con texto genérico, cuyos detalles negociará esta semana con todas las compañías. Pástor ha dicho que espera que se llegue a un acuerdo al respecto en las próximas semanas.
Más complicadas se prevén las conversaciones sobre las tarifas, que se fijarán de acuerdo con el nivel de la inversión, los costos de producción y el riesgo que asuman las empresas petroleras, según el ministro.
El Gobierno pretende que las compañías acepten una rentabilidad de entre el 18 y el 22 por ciento para los campos nuevos, y de entre el 15 y el 18 por ciento para los campos actualmente en producción, explicó.
En el documento de propuesta ecuatoriana, las disputas relativas al contrato no se dirimirán en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, en inglés), una entidad del Banco Mundial, con sede en Washington.
En su lugar, se tratarán en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), con sede en La Haya, aunque Ecuador ha señalado que las posibles discrepancias se ventilarían en la sede subsidiaria de esa entidad en Santiago de Chile.
Otra cláusula innovadora obliga a las empresas a aportar dinero a un fondo para responder a posibles daños medioambientales derivados de sus actividades petroleras.
La fecha límite para la renegociación de los contratos de participación de las empresas grandes es el 23 de noviembre, en tanto que el próximo 23 de enero finaliza el plazo para la renegociación de los contratos pequeños y de campos marginales.
Tras Repsol-YPF y Sipec, el Gobierno negociará las tarifas con Andes Petroleum, Petrooriental y Canadá Grande.
A continuación hablará con Agip y Petrobras, seguirá con un cuarto grupo de campos marginales y finalizarán con los contratos del consorcio petrolero amazónico y el energético Gran Colombia, entre otros.
El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador, con el que financia alrededor del 25 por ciento de su presupuesto público.
