Amnistía Internacional reprochó hoy al presidente de Francia, Nicolas Sarzoky, que calificara los campamentos irregulares de gitanos como «fuentes» de delincuencia porque estas declaraciones «pueden perpetuar estereotipos negativos que contribuyen a la estigmatización y la discriminación» de las comunidades romaníes y nómadas.
Esta organización vio «con inquietud» que Francia devuelva a personas de etnia gitana a sus países de origen, «en un contexto de declaraciones del Gobierno francés que sugieren que existe una relación entre los romaníes y la delincuencia».
En este sentido, apuntó que el pasado 19 de agosto ya se había devuelto a Rumanía y Bulgaria a 86 personas gitanas y al día siguiente a alrededor de 130, en tanto que el ministro de Inmigración, Eric Besson, ha anunciado que hoy serán devueltos unos 250 y que al final del mes el volumen de ciudadanos romaníes será de 800.
Amnistía consideró que las autoridades francesas deben esforzarse por combatir la discriminación en lugar de hacer «declaraciones incendiarias, que parecen vincular a comunidades enteras con la delincuencia».
«Amnistía Internacional teme que tales declaraciones den lugar a mayor discriminación aún de las comunidades romaníes y nómadas. No se debe devolver ni expulsar a nadie por el simple hecho de ser romaní», añadió.
A este respecto, acogió con satisfacción que la comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, lamentara el pasado miércoles que «cierta retórica» utilizada en algunos países en las últimas semanas «ha sido claramente discriminatoria e incendiaria».
Según la legislación francesa, todos los municipios de más de 5.000 habitantes deben establecer áreas autorizadas de parada para los nómadas. Sin embargo, la Alta Autoridad de Lucha contra la Discriminación y por la Igualdad de Francia criticó al Gobierno en abril del año pasado porque un 25% de los municipios sujetos a esta obligación la cumplían, a lo que agregó que el hecho de que el Estado no cumpliera con su obligación hacía que hubiera un mayor número de nómadas viviendo en áreas de parada no autorizadas.
Por ello, Amnistía pidió a las autoridades francesas que se centren en cumplir plenamente su propia legislación y que proporcionen áreas de parada suficientes y protejan el derecho de todas las personas a la vivienda.
Además, recordó a Francia que, en virtud del derecho internacional humanitario, tiene la obligación de garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada.
«No pueden desalojar a nadie de su hogar, aunque esté éste en un asentamiento irregular, mientras no se hayan agotado todas las demás opciones ni se haya consultado con todas las personas afectadas. Sólo pueden llevarse a cabo desalojos si se siguen los debidos procedimientos de protección, se proporciona otro alojamiento adecuado y se ofrece a las personas realojadas indemnización por todas las pérdidas sufridas», concluyó.
