La Unión Romaní Internacional, a instancias de su filial en España y en colaboración con ONG y asociaciones de Derechos Humanos francesas, está preparando una demanda colectiva para denunciar al Gobierno de Francia ante el Tribunal de Estrasburgo por la política de expulsiones de gitanos rumanos que viene aplicando el Ejecutivo de Nicolás Sarkozy desde el mes de agosto.
Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el secretario general de Unión Romaní España, Manuel García, quien ha incidido en que el proceso será complicado y muy largo, pero las organizaciones implicadas «no van a desfallecer» porque tienen la convicción de que «esto debe ser sancionado, aunque sólo sea como medida ejemplarizante, para que el resto de Estados sepan que la Constitución Europea no es sólo un enunciado».
Para la Unión Romaní no cabe entender que la política de Francia es una iniciativa de retorno voluntario aunque «diga que está dando 300 euros por cada persona a la que expulsa» ya que, según García, «muchos de los que firman la deportación ni siquiera saben leer ni tienen ni idea de lo que están firmando».
«Cuando alguien no tiene ni para comer y te ponen dinero por delante no te niegas», señala García, quien denuncia que se trata de unas «vacaciones pagadas» porque le consta que «no hay ningún control ni más registro» de los gitanos que abandonan el país una vez han firmado la salida. «Esa sería una prueba de mucho peso ante cualquier denuncia», añade.
Con todo, considera que hay fundamento para una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de la UE porque Francia «vulnera» con esta práctica una decena de artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las convenciones internacionales sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Discriminación contra la Mujer y Derechos del Niño; el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea y el Convenio marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales.
Asimismo, la organización encuentra base para denunciar al Ejecutivo de Sarkozy por el «incumplimiento flagrante» de hasta cinco directivas europeas e incluso de su propia legislación, en concreto la Declaración de los Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa de 1789 y los tratados secundados, como el de Lisboa, entre otras.
