Cae una red que cobraba 12.000 euros por matrimonios falsos para inmigrantes

La Policía Nacional ha detenido en Madrid, Valencia y Alicante a 20 personas relacionadas con una banda que se dedicaba a falsificar documentos para simular matrimonios entre inmigrantes irregulares, que pagaban 12.000 euros para conseguir una documentación que les permitía seguir en España.

Según informó la Policía, la organización desarticulada, que también se dedicaba al tráfico de drogas y a comerciar con objetos robados, falsificaba desde los testigos de la boda hasta los certificados eclesiásticos.

Los supuestos matrimonios unían a personas que no se conocían ni lo harían nunca, a pesar de que pasarían a estar legalmente casados ante el Registro Civil.

Los arrestados se encargaban por 12.000 euros de hacer todo lo necesario para simular supuestos matrimonios que servirían para regularizar la situación administrativa en España. La investigación se originó en Soria en mayo de 2009, a raíz de la detención de dos personas por varios delitos de falsedad documental.

A partir de ahí, las pesquisas apuntaron hacia la existencia de una red organizada -integrada por ciudadanos españoles y nigerianos- dedicada a la legalización administrativa de inmigrantes en situación irregular. Esto lo hacían a través de matrimonios ficticios, nunca celebrados y, a partir de documentos originales, de la alteración de los datos biográficos relativos a los contrayentes.

CIRCULAR POR EUROPA

La organización planificaba y ejecutaba, a cambio de una cantidad económica pactada de antemano con los futuros contrayentes (importes cercanos a los 12.000 euros), todas las irregularidades necesarias para que los enlaces se llevaran a cabo.

Aunque los supuestos «casados» no se conocían, ni lo harían en un futuro, la red se ocupaba tanto de la localización de testigos comprometidos a dar fe de esos enlaces, como de la búsqueda de la parroquia conveniente y la falsificación de cualquier documento necesario (la red estaba especializada en certificados eclesiásticos) para la inscripción en el Registro Civil y hacer así efectivo el matrimonio.

La persona extranjera adquiría así la condición de familiar de residente comunitario, lo que le daba derecho a circular, residir y trabajar libremente en cualquier país del espacio económico europeo.

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