La Policía Nacional ha detenido a A. B., de 72 años, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. El arrestado, responsable de una cadena de pizzerías, contrataba mano de obra ilegal para trabajar en los cuatro locales que regentaba en la capital.
Según informó este lunes la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los trabajadores cobraban un salario de cuatro euros por hora y no eran dados de alta en la Seguridad Social. Además, el ahora detenido les amenazaba con el despido si no cumplían sus normas.
Tras reunir diversa información referente a horarios de trabajo, titularidad de locales y ausencia de contratos y altas en la seguridad social, los investigadores llevaron a cabo de forma simultánea una inspección en las cuatro pizzerías. Allí constataron que hasta siete trabajadores en situación irregular trabajaban como cocineros, dependientes de atención al público, recepcionistas de pedidos o repartidores a domicilio.
En todos los casos se trataba de inmigrantes irregulares que trabajaban sin ningún tipo de documentación, contrato laboral ni alta en la Seguridad Social. Además, los agentes comprobaron la situación de explotación a la que estaban sometidos los empleados, que percibían cuatro euros a la hora como salario laboral, fuera cual fuera su cargo.
Los repartidores eran los únicos que percibían una retribución mayor, ya que, además de los cuatro euros a la hora, recibían una bonificación de 0,97 céntimos de euro por cada reparto a domicilio realizado, motivo por el que realizaban las entregas a gran velocidad y sin respetar las señalizaciones de tráfico, según la policía. Los repartidores debían aportar moto propia y pagar el combustible utilizado en los repartos.
Los trabajadores carecían de cualquier tipo de seguro que cubriese posibles accidentes laborales, siendo amenazados con el despido en caso de que se negaran a aceptar las condiciones impuestas por el «jefe». Alguno de ellos llevaba trabajando en la empresa desde hacía dos años.
