La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, ha negado que el nuevo reglamento de Extranjería vaya a transferir más competencias a las comunidades autónomas, conforme han denunciado los gobiernos regionales del PP, y ha asegurado que con el desarrollo normativo estas administraciones «no harán nada que no hicieran antes».
Terrón ha atendido a los medios de comunicación en un receso de la Conferencia Sectorial de Inmigración que ha reunido en el Ministerio de Trabajo durante cuatro horas a los consejeros autonómicos del ramo para abordar la propuesta de reglamento elaborada por el Gobierno y el reparto y la cuantía del Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes.
Sobre el primer asunto, las comunidades gobernadas por el PP han rechazado el texto porque contempla que las administraciones regionales tendrán que elaborar informes que acrediten la situación de los inmigrantes frente a distintos trámites relacionados con sus permisos de residencia sin una dotación presupuestaria concreta en el Reglamento para desempeñar esta tarea.
Terrón ha incidido en que la norma «no da nuevas competencias» porque es la ley de Extranjería la que recogía esta previsión en el «paquete de competencias de integración» y ha ironizado sobre el hecho de que «algunas comunidades, curiosamente del mismo signo político, han entrado exactamente en los mismos argumentos» mientras «otras se han mostrado encantadas de hacer estos informes».
Asimismo, ha explicado que las competencias que tendrán las comunidades «en su inmensa mayoría son las que ya se hacían». «Se introduce un nuevo informe, que la ley dice que va a ser competencia de las Comunidades y que afectará a muy pocos casos de renovación, que son sólo aquellos que no puedan acreditar» que cumplen los requisitos utilizando «los medios previstos», ha añadido.
Sobre la petición elevada por comunidades como Andalucía sobre la necesidad de unificar criterios para que la elaboración de estos informes sea homogénea en todo el país, la secretaria de Estado ha dicho que los mínimos exigibles por el Gobierno ya figuran tanto en la ley como en el reglamento y que los gobiernos regionales disponen de cierto margen para incorporar criterios de valoración de la integración.
«Hay que acreditar vivienda, medios económicos y la ley dice que las autoridades competentes podrán incluir elementos que consideren validos para probar el arraigo», ha añadido Terrón, para incidir, además, en que «finalmente, la valoración la hace el Estado que es quien tiene las competencias» para decidir sobre la residencia de un extranjero en España.
Por último, en cuanto al Fondo de Integración, Terrón ha señalado que se mantendrá en 70 millones la cuantía presupuestada para 2011, lo que según ha dicho, supone un recorte del cuatro por ciento, y ha recordado que se trata de una partida adicional que pone el Gobierno para apoyar a las comunidades autónomas.
