El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) está promoviendo que los emigrantes españoles se dirijan al Defensor del Pueblo para que recurra ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que restringe sus derechos de voto, según ha informado a Europa Press el presidente del órgano, Francisco Ruiz Vázquez.
El Consejo, un órgano consultivo que está adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración, considera especialmente grave que la nueva ley prive a los emigrantes de votar en las elecciones municipales, pero también que les obligue a solicitar la documentación de voto (el llamado voto rogado) para participar en las autonómicas y generales.
Según el CGEE, la reforma choca con el artículo 14 de la Constitución –que establece la igualdad de todos los españoles–, pero también el 9 y el 23 (sobre el derecho a la participación política) y, de manera muy concreta, el 68, según el cual la ley debe reconocer y el Estado «facilitar» el derecho de sufragio a los españoles que viven en el exterior.
No obstante, este Consejo no puede recurrir directamente ante el Tribunal Constitucional, ni tampoco pedir amparo ante el Defensor del Pueblo –que sí tiene competencias para ir al alto tribunal–, según le ha confirmado al propio órgano la Abogacía del Estado en un informe recibido el pasado 16 de febrero.
Por ello, el presidente del Consejo ha optado por pedir a los emigrantes que escriban a la Defensora del Pueblo en funciones a título individual, ya que todo ciudadano puede hacerlo y, además, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior señala expresamente que los emigrantes pueden hacerlo «en las mismas condiciones que los residentes en España».
Así lo han hecho ya los miembros del Consejo de Residentes Españoles de Ginebra, que preside el propio Ruiz Vázquez, según ha informado este órgano en un comunicado en el que defiende que la reforma «vulnera claramente y en varios puntos la Constitución Española así como la Ley 40/2006 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior».
Este órgano consultivo «lamenta profundamente» que se haya retirado el derecho de voto a los emigrantes en municipales y cree que los parlamentarios «han tomado decisiones sin conocer el terreno que pisaban», pensando que los residentes en el exterior podrán votar inscribiéndose en el Censo Electoral de Residentes (CER), como indica la reforma, cuando en realidad «un elector que vive en el exterior de España no puede estar inscrito en otro registro que no sea el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)».
El CRE de Ginebra, que ha difundido en su web un modelo de carta para que lo firmen los emigrantes, ha advertido además que es «inevitable que la participación electoral de la diáspora se derrumbe a partir de las próximas elecciones, las autonómicas de marzo».
Es más, algunos activistas por el voto del exterior temen que una caída de la participación se utilice para limitar aún más su derecho a voto, hasta finalmente eliminarlo.
EL CONGRESO NO ESCUCHO SUS PROPUESTAS
El CGCEE ha denunciado además que a finales de 2008 su presidente solicitó ser oído en la subcomisión encargada de la reforma en el Congreso, sin obtener respuesta, y lo mismo sucedió un año después cuando se dirigió a la Comisión de Trabajo e Inmigración.
En primavera de 2010, cuando empezó a conocerse el sentido de la reforma, el Consejo tampoco logró ser oído por la Comisión Constitucional, a pesar de habérselo pedido al presidente del Congreso, José Bono.
Sí entregó sus propuestas al presidente del Senado, Javier Rojo, y a diversos senadores y después las envió a los miembros de la Comisión Constitucional del Congreso, aunque sólo consiguió «algún mero acuse de recibo».
Un acuse de recibo por parte del Ministerio de la Presidencia fue lo único que obtuvo también el Consejo de Suiza cuando le escribió una carta contra la reforma al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
