Remedios García Albert, la mujer a la que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó en julio de 2008 como presunta responsable de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en España, ha alegado ante el juez Eloy Velasco que todos los viajes que realizó a Venezuela y otros países de Sudamérica se desarrollaron en el marco de proyectos de cooperación con organizaciones no gubernamentales, informaron fuentes jurídicas.
Velasco, que investiga la presunta colaboración entre ETA y las FARC con el amparo del Gobierno venezolano, ha tomado declaración a García Albert en calidad de testigo después de que el pasado 7 de marzo dejara sin efecto su procesamiento en un auto en el que imputaba como jefes de ETA a Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, ‘Ata’; Francisco Javier López Peña, ‘Thierry’; y Arturo Cubillas Fontán.
Durante el interrogatorio, García Albert ha negado que en sus viajes a Venezuela mantuviera relaciones con miembros de la organización terrorista ETA y tampoco ha reconocido a ninguno de los etarras que se encuentran procesados en la causa.
Velasco anuló su procesamiento y el del supuesto responsable de las FARC en Europa, Omar Arturo Zabala Padilla, ‘Lucas Gualdrón’, al considerar que a pesar de que ambos estaban integrados en la Comisión Internacional de la guerrilla «no participaron en la gestión ni en la organización de los cursillos sobre armamento y explosivos con miembros de ETA» que fueron dirigidos por Cubillas Fontán.
La labor de los dos, que son investigados en otra causa por el juez Pablo Ruz, se limitaba, según Velasco, al «adiestramiento en labores de uso de telecomunicaciones, propaganda, adoctrinamiento político, confección de materiales para su publicación en páginas web y de reportajes en la revista ‘Resistencia’, así como apoyo logístico material».
En el auto en el que procesaba a ‘Ata’, ‘Thierry’ y Cubillas, Velasco también imputó un delito de tenencia de explosivos y colaboración con organización terrorista a los también etarras Ignacio Olascoaga y José Lorenzo Ayestarán. También procesó por colaborar con la banda a Iurgui Mendinueta e Iraitz Guesalaga, el denominado ‘informático de ETA, que habría viajado en septiembre de 2007 a Venezuela por orden de ‘Thierry’ para instalarle a Cubillas un nuevo sistema de encriptado para comunicarse con la dirección de la banda.
Para los siete libró las correspondientes órdenes de detención internacional e ingreso en prisión, al efecto de solicitar su extradición, que ya pidió en octubre de 2010 en el caso de Cubillas, actual jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI).
El número de imputados en la causa asciende a 16. Además de los citados, Velasco investiga por un delito de colaboración con organización terrorista a José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José Angel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. A los dos primeros, además, les atribuye un delito de tenencia de explosivos.
También imputa este último delito al supuesto miembro de las FARC Víctor Ramón Vargas Salazar, mientras que a Gustavo Navarro Morales, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar y Luciano Martín Arango les procesó por colaboración con banda armada.