Pese a la petición del propio Barack Obama, que advirtió de que la ejecución de Humberto Leal sería una violación de las leyes internacionales, nada ha frenado la voluntad del gobernador de Tejas, Rick Perry, de aplicar este 8 de julio de 2011 (a la una de la madrugada hora española) la inyección letal a este mexicano de 38 años que se ha convertido en el último símbolo de la grave perversión moral y política que representa la pena de muerte en Estados Unidos.
Humberto Leal esperaba en el corredor de la muerte de la prisión de Huntsville a que un milagro le salvara su vida. Pero una hora antes de la hora límite, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazaba la petición de sus abogados y confirmaba la ejecución. Que paralizase la ejecución era una orden improbable del Tribunal Supremo, al que la Casa Blanca pidió intervenir para evitar lo que considera «un daño irreparable a las obligaciones de EE UU con la legislación internacional».
Como cuenta Antonio Caño en El País, tras ese varapalo, tan solo quedaba esperar el milagro en la forma de una clemencia inesperada del gobernador Perry, que habría podido posponer 30 días la sentencia de muerte.
Una clemencia que no ha llegado. Los abogados de Leal confirmaban su muerte pasados pocos minutos de la hora prevista.
«EE UU no cumplió con su compromiso de hacer valer la ley y trágicamente el señor Leal sufrió las consecuencias», ha sentenciado Sandra Babcock, que encabezaba la defensa de Leal, a Efe.
Leal recibió el jueves por la mañana las últimas visitas de sus amigos y familiares, entre ellos su hermana Mary, que estuvieron con él un par de horas en una sala especial para estos casos de la prisión de Huntsville, dotada de cristales blindados. Más tarde llegaría su última cena: tacos de carne asada, pollo frito, pico de gallo y coca colas.
En su argumentación ante el Supremo y ante el gobernador de Tejas, los abogados de Obama denunciaron que Leal, como ciudadano mexicano, aunque emigrado de niño a Tejas, debería de haber sido informado de su derecho a contactar con el consulado mexicano tras su detención en 1994 como sospechoso del asesinato de la joven Adria Sauceda.
La comunicación de un detenido con los representes diplomáticos de su país está obligada por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que EE UU es signatario.
A Leal no se le informó de ese derecho antes de que se confesase culpable del delito del que se le acusaba. Otros 50 condenados a muerte mexicanos se encuentran actualmente en la misma situación.
El gobernador de Tejas se siente amparado por una sentencia del Tribunal Supremo de 2008 en la que afirma que el contenido de la Convención de Viena no vincula a los estados. «Tejas no tiene obligación de obedecer a ningún tribunal extranjero ni el presidente tiene autoridad para revisar los casos de ciudadanos extranjeros a la espera de ejecución», afirmaba una nota del Gobierno tejano.
«Quien cometa el crimen más atroz en Tejas», añadía, «puede esperar recibir la pena máxima según nuestras leyes; Leal fue sentenciado por la violación y muerte a golpes de una niña de 16 años».
Entre otras consideraciones, la Casa Blanca ha argumentado que esta ejecución deja en situación de indefensión a los ciudadanos norteamericanos en el resto del mundo y crea un grave precedente sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales por parte de EE UU. La Embajada mexicana en Washington, organizaciones humanitarias y medios de comunicación tras pedir la suspensión de la pena y han advertido de las serias consecuencias que puede tener esta ejecución, especialmente en las relaciones de EE UU con México y en el prestigio mundial de este país.
Aunque pocos dudan de la culpabilidad de Leal en el delito que se le imputa, es probable que, como ha manifestado su abogado, con la adecuada asistencia legal en el momento oportuno, no se hubiera declarado autor del crimen y su responsabilidad hubiera sido más difícil de probar en un juicio.
En este caso se reúnen, además, una serie de circunstancias que hacen aún más cuestionable el uso de la pena de muerte en un caso que, en otro escenario y con distintos protagonistas, podría haber acabado en la absolución.
El gobernador Perry es una destacada figura del Partido Republicano con confesadas intenciones de aspirar a la presidencia. Pertenece a su ala más conservadora, la que corteja los votantes que exigen ley y orden en la frontera y mano dura con los inmigrantes mexicanos.
Humberto Leal era un inmigrante sin educación que llegó con dos años a este país y trabajaba como mecánico en San Antonio cuando fue detenido. Fue la última persona a la que se vio con la víctima y en su casa se encontró una blusa con sangre que pertenecía a la muchacha asesinada. A las pocas horas de su arresto, confesó ser el autor del crimen.
Su situación hubiera sido mejor defendida si los legisladores norteamericanos hubieran actuado con mayor celeridad. En 2005, el Tribunal Internacional de Justicia ya advirtió a EE UU de que los casos de los 51 extranjeros condenados a muerte sin comunicarse con sus embajadas representaban una violación de la Convención de Viena.
El presidente George Bush, en ese momento, compartió ese criterio. El Congreso se puso a trabajar en una legislación para permitir el acceso de esos 51 presos ante un tribunal federal para que éste decida sobre su situación, pero esa ley sigue aún en trámite en el Capitolio.
México califica la ejecución de una «violación del derecho internacional»
Al poco de hacerse efectiva la muerte de Leal, el Gobierno de México condenó «en los términos más enérgicos» la ejecución y envió una nota de protesta al Departamento de Estado de EEUU por la «violación al derecho internacional».
La ejecución es un «claro desacato al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)» en el Caso Avena, que ordenó hace unos años la revisión y reconsideración judicial del veredicto y la pena impuesta y la condena a muerte de 51 mexicanos.
La Cancillería mexicana ha recalcado que al momento de la detención las autoridades de Texas nunca le informaron a Leal de su derecho a comunicarse con sus representantes consulares, en violación al Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC) de la que México y Estados Unidos son parte.
La Cancillería añadió que México también deplora la decisión del Ejecutivo del estado de Texas de no ejercer su facultad legal de suspender la ejecución para dar tiempo al Congreso de terminar la legislación que permitiría el acceso de esos 51 presos ante un tribunal federal para reconsiderar sus condenas, tal y como se lo solicitaron el Gobierno mexicano, otros Estados, organismos internacionales y ONGs.
La nota enviada al Departamento de Estado estadounidense pone de manifiesto la preocupación de México «por el precedente negativo que este caso sienta para el resto de los nacionales mexicanos incluidos en el fallo Avena de la CIJ y para los derechos de los mexicanos que puedan ser detenidos en ese país».
Tras reconocer la voluntad de la Administración de Obama de mediar en el caso, la nota asegura que para detener esta ejecución el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, «buscó telefónicamente al gobernador (de Texas, Rick Perry), quien no tomó la llamada».
