BIRMINGHAM (ALABAMA), 14 (Reuters/EP)
El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, ha bloqueado este viernes de forma temporal la aplicación de algunas de las medidas incluidas en la polémica ley migratoria de Alabama, entre ellas que las autoridades puedan pedir a las escuelas públicas que aclaren en qué situación de residencia se encuentran sus alumnos.
La decisión, adoptada de forma provisional, da el visto bueno a que los policías puedan detener a una persona sospechosa de estar en situación irregular si no presenta la documentación requerida en el primer momento. Sin embargo, las autoridades no podrán imputar a los extranjeros por no llevar encima los documentos sobre su estatus.
Según la resolución dictada este viernes, Alabama puede vetar a los ‘sin papeles’ para contratos comerciales con la administración y para solicitudes relativas a permisos de conducción o tarjetas de identificado.
El Gobierno de Barack Obama y un grupo de asociaciones habían recurrido la normativa ante los tribunales alegando que algunos extranjeros que no tengan los permisos en regla pueden sacar a sus niños de los colegios o incluso huir del estado. El Departamento de Justicia también considera que la nueva ley, aprobada ampliamente en las dos cámaras estatales, interfiere en competencias que corresponden exclusivamente al Gobierno federal.
Los legisladores de Alabama han justificado su actuación diciendo que estaban obligados a actuar porque la Administración Obama no hacía lo suficiente para frenar el flujo de inmigrantes en situación ilegal. El Centro Hispano Pew calcula que en Estados Unidos hay 11,2 millones de ‘sin papeles’, de los cuales entre 75.000 y 160.000 están en Alabama.
El presidente de la Cámara de Representantes de Alabama, el republicano Mike Hubbar, se ha mostrado «satisfecho» por que «la mayoría y las partes más eficaces de esta ley queden como están». «Mientras el Gobierno federal denuncia para prolongar y exacerbar el problema de la inmigración ilegal, Alabama está adoptando acciones para asegurar que se cumplen las leyes».
Por su parte, el Departamento de Justicia también se ha mostrado «satisfecho» en un comunicado por la decisión del tribunal de apelaciones, al destacar que bloquea pares que «criminalizan» la falta de permisos de residencia y coarta el acceso de la educación pública.
