Baltasar Garzón sigue engordando su nómina gracias a las actuaciones en organismos internacionales con el beneplácito del Gobierno de Zapatero.
El penúltimo destino del juez suspendido es encabezar un grupo de expertos encuadrado en una «Veeduría Internacional», que será el encargado de asesorar sobre el proceso de reforma de la Justicia de Ecuador.
Por este cometido, percibirá del país iberoamericano la cantidad de 31.219 euros, que se distribuirá en tres pagos, según publicó ayer el diario digital ecuatoriano El Comercio. Además, a Garzón le pagan las dietas, es decir, que está exento de abonar los billetes de avión, desplazamientos, alojamiento y alimentación, que, por protocolo, cubre la entidad anfitriona y que ascienden a más de 18.000 euros.
Este nuevo encargo de Garzón, que se sentará el próximo 29 de noviembre en el banquillo del Tribunal Supremo por intervenir ilegalmente las escuchas de la trama Gürtel, ha provocado malestar dentro de la judicatura. «Se trata de un acto de apoyo más del Gobierno español, que intenta colocar a Garzón en actividades de proyección internacional y favorecer su imagen todo lo que pueda fuera de nuestras fronteras», explicaron ayer a este periódico fuentes jurídicas.
El diario digital de Ecuador explicaba que la veeduría no puede depender económicamente de ninguna institución del Estado, como el Ministerio de Justicia, tal y como marca la Constitución, ni está permitida la remuneración de sus integrantes. Es más, este grupo observador es el único de los 250 que han integrado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde 2009 que tendrá estos privilegios, que bordean el medio millón de dólares.
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explicaron que «no consta que Garzón haya solicitado permiso alguno para desempeñar trabajo alguno en Ecuador». A la vista de los antecedentes anteriores, el juez suspendido tendría que haber pedido a la Comisión Permanente dicho permiso.
Conviene recordar que el CGPJ, aunque ha permitido la compatibilidad a Garzón, siempre ha constado previa solicitud del interesado, cosa que en este asunto no existe. Por ello, las citadas fuentes jurídicas subrayan que «es previsible que desde el CGPJ se inicie una investigación sobre el nuevo trabajo de Garzón».
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