La sanción es aplicada por informar sobre la violencia en las cárceles
Un nuevo mazazo recibió Globovisión, la única cadena de televisión venezolana abiertamente crítica con la gestión de Hugo Chávez, quien aspira a ser reelegido presidente en tres meses.
El Supremo de Venezuela (controlado por el Gobierno) decidió este jueves embargarle a Globovisión bienes por unos 4,5 millones de euros ante la negativa de la cadena a pagar una multa cercana al millón y medio de euros que en 2011 le impuso la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, organismo que regula a los medios radioeléctricos y que depende directamente del vicepresidente Elías Jaua.
Acusan a Globovisión de buscar desestabilizar al Gobierno y generar zozobra en la población.
El canal especializado en noticias se había negado a cancelar la sanción que le impuso la instancia gubernamental por la cobertura que dio a un motín carcelario en junio de 2011 -en el cual se registraron decenas de muertos y heridos-, debido a que continuaba su batalla en los tribunales.
«Censura estatal»
«Aunque seguimos a la espera de que el Poder Judicial restituya nuestros derechos, Globovisión se ve forzada a pagar de inmediato la multa», explicó el canal en un comunicado.
«De no pagarla inmediatamente expondría a Globovisión al riesgo de que un tribunal ejecutor embargue bienes y equipos del canal en las próximas horas, y en consecuencia, a que el Ministerio de Información revoque la concesión».
La Sala Político Administrativa (también controlada por el chavismo) fijó una cifra que casi triplica a la multa, pero además condenó a Globovisión a pagarle al Fisco intereses moratorios.
El consultor jurídico del canal, Ricardo Antela, calificó la medida de «grotesca, ilegal y obscena».
Desde la Mesa de la Unidad Democrática, la alianza de partidos opositores, denunciaron que la resolución -que se produce a horas del inicio de la campaña por las presidenciales- busca «desmoralizar» a los venezolanos.
«Nos quieren inertes, llenos de miedo ante el zarpazo de la represión».
Por su parte, el relator para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, el guatemalteco Frank La Rue, no dudó en calificar el fallo como un acto de censura estatal.
«La confiscación de bienes es una forma de censura. Se trata de provocar con apariencia legal el cierre de medios, y esto me parece que es realmente cuestionable y criticable».
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