El presidente admite que la incidencia de ese delito atroz va al alza

El ‘boom’ del secuestro en México obsesiona al gobierno de Peña Nieto

La Presidencia de la República ha ordenado a Gobernación diseñar una estrategia urgente para frenarlos

El 'boom' del secuestro en México obsesiona al gobierno de Peña Nieto
Una mujer secuestrada en México. MX

Aún hay temas sensibles que no podemos soslayar; me refiero al secuestro (…) que lamentablemente ha tenido una tendencia contraria

El aumento en el número de secuestros en el último año encendió las alarmas en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien este viernes ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) que a más tardar en enero próximo diseñe y dé a conocer una estrategia para enfrentar este delito.

Durante la 35 reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el mandatario dijo que si bien el índice de homicidios ha bajado en 15% y el de robos en 5% entre diciembre de 2012 y noviembre de este año, el de secuestros va al alza.

«Aún hay temas sensibles que no podemos soslayar. Me refiero al secuestro (…) que lamentablemente ha tenido una tendencia contraria», señaló el presidente ante funcionarios y gobernadores, sin precisar una cifra.

Entre enero y octubre de este año, los gobiernos estatales reportaron 1,425 denuncias por secuestro, 347 más que en el mismo periodo de 2012, cuando hubo 1,078, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

 

Junto con el homicidio, el robo con violencia y la extorsión, el secuestro es uno de los delitos de alto impacto social que el gobierno de Peña Nieto considera prioritario combatir.

En la sesión del consejo también se acordó que a partir del primer trimestre de 2014, los gobiernos estatales tendrán que informar al SNSP el número de víctimas que registren por homicidio, extorsión y secuestro.

Actualmente, las procuradurías locales informan al SNSP cada mes del número de denuncias que reciben por esos delitos, pero no detallan cuántas personas resultaron afectadas.

«La incorporación de estos datos representa una nueva etapa en la generación de información delictiva», dijo al respecto el titular del SNSP, Monte Alejandro Rubido.

Retraso en la reforma penal

El gobierno federal también reconoció que existe un atraso en la ejecucióde la reforma de justicia penal de 2008, que marca que todos los juicios deban ser orales y públicos para junio de 2016.

María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), informó que sólo tres de las 32 entidades del país llevan a cabo juicios orales en todo su territorio.

En 13 hay un avance «parcial», mientras en 11 sólo se tiene prevista una fecha para comenzar a aplicar la reforma y cinco apenas están en la etapa de planeación.

«Por el tiempo que falta, la reforma debería tener un avance mayor».

Al respecto, Peña Nieto afirmó que el gobierno federal apoya a los estados, pero exige que a cambio asuman su responsabilidad para cumplir con la «fecha fatal».

«Quiero convocar a todos los gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal para que asuman en este objetivo un compromiso real y que será medible. (…) Estamos en ruta y estamos en tiempo para cumplir con este objetivo».

Nueva evaluación policial

Al principio de la reunión del consejo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que se acordó que los mandos policiales y el personal operativo de las instituciones de seguridad pública sean sometidos a evaluaciones diferenciadas.

El «nuevo modelo de control de confianza» es una respuesta a las críticas que ha recibido el esquema actual, que contempla las mismas pruebas para todos los agentes.

Las nuevas evaluaciones serán diseñadas durante los primeros meses de 2014, con la participación de funcionarios federales y locales, así como de legisladores, dijo Osorio Chong.

Rubido adelantó que se prevé que los mandos policiales sean sometidos tanto a pruebas de confianza como a la revisión de su entorno socioecónomico.

El personal operativo y administrativo sería evaluado con otros mecanismos, salvo aquellos funcionarios que trabajen en áreas «sensibles».

Las evaluaciones actuales se aplican desde principios de 2009 y debían haber concluido a principios de 2013. Sin embargo, el retraso en la certificación llevó al Congreso a aprobar una prórroga que vencía en octubre pasado.

El objetivo tampoco se cumplió en el nuevo plazo, por lo que los legisladores aprobaron una segunda prórroga de un año y acordaron con el gobierno federal y los legisladores que se trabajará en un nuevo modelo de evaluación.

 

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