Cuando lanzar una pedrada desde México a EEUU te puede costar la vida

Al adolescente mexicano José Antonio Elena Rodríguez le gustaba jugar al baloncesto con sus amigos y soñaba con alistarse en el ejército de su país una vez acabara los estudios de secundaria.

El 10 de octubre de 2012, mientras caminaba por las calles de Nogales (Sonora) junto a la valla que separa México de Estados Unidos, José Antonio, quien entonces tenía 16 años, murió a causa de los disparos de un grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Los impactos de bala que acabaron con su vida llegaron desde el territorio de Estados Unidos. Las autoridades de ese país aseguraron que José Antonio y otros jóvenes estaban lanzando piedras contra los agentes y por eso estos habían abierto fuego.

La familia de José Antonio, así como varios testigos de lo ocurrido, niegan que el adolescente estuviera lanzando ningún objeto y señalan que tan sólo estaba caminando por ese lugar para ir a encontrarse con su hermano Diego.

Hace unos días, la madre de José Antonio, Araceli Rodríguez, con la colaboración de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, por sus siglas en inglés), presentó una demanda ante un tribunal estadounidense exigiendo que los agentes fronterizos que mataron a su hijo respondan por lo que hiceron.

Las posibilidades de que la justicia dé la razón a Rodríguez son escasas, ya que hasta ahora todos los tribunales que han analizado casos similares excepto uno -cuya decisión ha sido recurrida- han decretado que quienes fallecen fuera de territorio de EEUU, aunque sea a manos de agentes de ese país, no están protegidos por la Constitución estadounidense.

El portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) en Arizona, Victor L. Brabble, le dijo a BBC Mundo que es política del organismo no hacer comentarios sobre investigaciones que se encuentran en curso.

Uso de fuerza letal

José Antonio Elena Rodríguez es una de la veintena de personas que ha muerto desde 2010 a consecuencia de los disparos de la Patrulla Fronteriza estadounidense, tanto en territorio de EE.UU. como de México.

En varios de esos casos, incluido el de José Antonio, los agentes alegaron que habían abierto fuego al sentir que peligraban sus vidas porque estaban lanzando piedras contra ellos.

Esta explicación no satisface a organizaciones como la ACLU, que acusa a la Patrulla Fronteriza de ejercer un uso excesivo de la fuerza, en parte debido a que «no se les exige que rindan cuentas por esas muertes».

El pasado mes de marzo el Departamento de Seguridad Interior de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende la Patrulla Fronteriza, emitió una nueva serie de reglas para determinar cuándo los agentes pueden hacer uso de fuerza letal.

Las nuevas instrucciones nacieron fruto de la preocupación que desató un informe interno que concluyó que algunos agentes fronterizos habían abierto fuego contra personas que les estaban lanzando piedras en la frontera sin que sus vidas corrieran peligro.

Según relató en su momento el diario Los Angeles Times, que tuvo acceso a dicho informe, al menos seis personas, incluidos tres menores, se encontraban en territorio mexicano cuando los agentes estadounidenses los mataron.

Las nuevas reglas emitidas por el DHS instruyen a los agentes a que busquen refugio cuando les estén lanzando proyectiles y les indica que no disparen sus armas a no ser que esos proyectiles sean lo suficientemente grandes como para causar «heridas graves o la muerte».

Las organizaciones de activistas que trabajan en la frontera denuncian que las nuevas directrices no suponen ningún cambio sustancial sobre el terreno y denuncian que, en la práctica, la totalidad de las denuncias contra los agentes fronterizos son archivadas.

Abusos

El abogado de la ACLU Lee Gelernt representa a la familia de José Antonio Elena Rodríguez en la demanda presentada contra la Patrulla Fronteriza frente a una corte estadounidense por la madre del joven.

Se trata de una demanda civil porque sólo el gobierno de EE.UU. tiene potestad de perseguir penalmente a los agentes fronterizos.

Según le dijo Gelernt a BBC Mundo, en su opinión el caso de José Antonio «pone el foco sobre los abusos que cometen los agentes fronterizos de EE.UU.».

«Hasta ahora el gobierno de EE.UU., siendo el único que está autorizado, no ha hecho que sus agentes respondan penalmente por la muertes ocurridas en la frontera», señala Gelernt, quien asegura que en el caso de José Antonio las autoridades «no pueden alegar que estaba lanzado piedras porque no fue así».

«Nuestra posición es que nunca debería utilizarse fuerza letal a no ser que sea absolutamente necesario para salvar la vida. No creemos que el lanzamiento de piedras requiera que los agentes abran fuego contra nadie», señala el abogado de la ACLU.

Gelernt cree que las nuevas reglas de actuación presentadas en marzo «no van lo suficientemente lejos» y asegura que los agentes fronterizos «carecen del entrenamiento adecuado para saber cuándo deben responder con fuerza letal».

La voz de un ex jefe

Richard Boren, activista de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, considera que las nuevas directrices del DHS «son correctas», aunque duda que los agentes las pongan en práctica.

«No hay ninguna prueba de que hayan cambiado la cultura de impunidad que existe en la Patrulla Fronteriza. Hay muchos casos en los que se ha demostrado que utilizaron la fuerza de forma excesiva y pese ha ello no se ha hecho justica», señala en conversación con BBC Mundo.

La impunidad de la que habla Boren quedó reflejada en unas declaraciones que realizó recientemente a la prensa estadounidense James Tomsheck, quien hasta el pasado junio era jefe de asuntos internos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Pese a que mientras estuvo en el cargo Tomsheck fue criticado por grupos de activistas, al abandonarlo aseguró que conocía «muchos casos en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron un uso excesivo de fuerza o abusaron de inmigrantes en la frontera, lo que debería haber conllevado acciones disciplinarias, pese a que no fue así».

Tomsheck dijo que sus jefes «ignoraron sus preocupaciones», al tiempo que él no tenía la autoridad para castigar a los agentes.

El pasado marzo, el nuevo jefe de la CBP, Richard Gil Kerlikowske, quien ordenó la destitución de Tomsheck, dijo que hay que hacer que los agentes fronterizos se hagan responsables de sus actos.

Además, señaló que su objetivo es que sigan adelante las investigaciones sobre las muertes en la frontera que todavía no han sido conluidas, incluyendo la de José Antonio Rodríguez.

Casi dos años después de su muerte, la familia del adolescente mexicano todavía confía en que se hará justicia.