Lo llaman ‘justicia comunitaria‘, y está reconocida en la Constitución boliviana de 2009, aunque las autoridades han explicado hasta hartarse que ese sistema judicial no admite castigos brutales, ni la pena de muerte. Pero ni caso.
En el municipio de Reyes, en un distrito del departamento boliviano de Beni, se pasan por el forro tales advertencias y hacen de las suyas a la primera de cambio.
Las escenas del brutal vídeo, grabado el sábado 12 de noviembre de 2016, dan fe de cómo se las gastan los iracundos y cafres vecinos.
El desventurado protagonista es un tal Elvis César Alcázar de 37 años, quien raptó, violó y asesinó a una niña de 4 años mientras sus padres -que habían llegado desde Palos Blancos- asistían al funeral de la abuela.
Durante esa mañana, la familia denunció la desaparición de la menor, cuyo cadáver fue encontrado más tarde con signos de abuso sexual. Y todos enloquecieron.
Así, unas 300 personas se lanzaron en tromba hacia el cutre ‘penal’ donde la Policía del lugar lo tenía detenido, y lo sacaron a rastras dándole una paliza de muerte. Luego lo arrastraron con una soga al cuello por las calles del pueblo, y lo colgaron de un árbol en la plaza. Nada pudieron hacer los seis asustados agentes del destacamento para detener a la turba, y menos el cura del lugar, que casi acaba linchado por rogar a la multitud que entrara en razón.
Al caer la noche los policías descolgaron el cadáver y lo condujeron a la morgue local. Los linchamientos ocurren con cierta frecuencia en barriadas y pueblos de Bolivia debido a la lentitud de la justicia y a un insuficiente control policial, pero este año habían bajado tras una campaña de las autoridades.
