Cada día más duros. El Gobierno de EEUU está negando la renovación del pasaporte a cientos, posiblemente miles de hispanos en áreas fronterizas con México, acusándolos de haber usado certificados de nacimiento falsos desde que eran bebés.
El diario The Washington Post, que ha elaborado su investigación a partir de entrevistas con afectados y abogados, asegura que existe un cambio en la política de renovación de pasaportes de EEUU, aunque el Departamento de Estado niega cualquier tipo de variación en los protocolos vigentes.
«El Departamento no ha cambiado su política ni sus prácticas con respecto a las solicitudes de pasaportes».
No obstante, de acuerdo al periódico, algunos hispanos que han tratado de renovar sus pasaportes se encuentran en centros de detención para inmigrantes e incluso están en proceso de deportación, aunque el diario no ha ofrecido más detalles.
Otros están atrapados en México y no pueden regresar a Estados Unidos porque sus pasaportes han sido revocados sin previo aviso cuando trataban de volver a sus hogares. The Washington Post afirma que la mayoría de los casos se están produciendo en el sur de Texas, en la frontera con México.
Cita como ejemplo a Juan, de 40 años, que no pudo renovar su pasaporte estadounidense aunque su certificado de nacimiento muestra que nació en Brownsville (Texas). Ha recibido una carta del Departamento de Estado, en la que se le informaba de que no creían que fuera ciudadano de EEUU.
Obama ya lo hizo
Según el Post, el Gobierno defiende que, entre la década de los 50 y los 90, algunas matronas y médicos en la frontera entre México y el estado de Texas dieron certificados estadounidenses falsos a niños que, en realidad, habían nacido en México.
En una serie de juicios en los años 90, varios médicos reconocieron que habían elaborado certificados de nacimiento falsos.
En base a esas sospechas, bajo el Gobierno de Barack Obama el Departamento de Estado comenzó a negar pasaportes a algunas personas que habían nacido en el Valle del Río Bravo ayudados por matronas, muchas veces en casa ante los elevados costes de los hospitales estadounidenses.
En 2009, el Ejecutivo de Obama y la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), uno de los grupos más importantes de EEUU en la defensa de los derechos, llegaron a un acuerdo judicial y se redujo el número de pasaportes que revocaban las autoridades.
Ahora, bajo el Gobierno de Donald Trump, esta política parece haber resurgido, apunta el Post.