La Administración Trump sopesa una medida sin precedente que agilizaría la deportación de residentes legales que hayan utilizado beneficios públicos, como cupones de comida o «Medicaid», en el marco de su continua lucha por reducir la inmigración legal y combatir a aquellos que considere una «carga pública».
Según un borrador de la propuesta, elaborada por el Departamento de Justicia y reportada primero por la agencia de noticias Reuters, las autoridades ampliarían el número de personas sujetas a la deportación si recurren a ayudas del gobierno.
El documento de inmediato generó el rechazo de grupos pro-inmigrantes y amenazas de posibles demandas si la Administración Trump pone en marcha el plan.
Bajo la propuesta, el gobierno podría ordenar la deportación de inmigrantes con residencia permanente que hayan recibido ayuda de programas de beneficencia pública, como cupones de comida, ingresos suplementarios del Seguro Social, subsidios de vivienda, ayudas de «Medicaid» y ayuda financiera para familias pobres.
La propuesta se pondría en marcha tras un período de comentarios públicos con la venia del fiscal general, Bill Barr.
El Departamento de Justicia aún no ha contestado a una solicitud de Noticias Telemundo para comentarios sobre el documento.
En la actualidad, las leyes migratorias permiten la deportación de inmigrantes que obtienen beneficios públicos en los primeros cinco años de haber ingresado a Estados Unidos en ciertas circunstancias, especialmente si ocultaron sus planes de solicitar ayuda pública. La propuesta en ciernes cambiaría las reglas para agilizar su expulsión del país.
La iniciativa es distinta a otra que lanzó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el año pasado para la cual abrió a un período de comentarios públicos que concluyó en diciembre pasado.
Las autoridades aún no han divulgado una versión final de esa otra propuesta, que redefiniría las reglas sobre la «carga pública» dentro del «Acta de Inmigración y Nacionalidad», y afectaría a más de 14 millones de solicitantes de residencia permanente y visas temporales.
En diciembre pasado, «Boundless Immigration», una empresa tecnológica que ayuda a familias en sus trámites migratorios, emitió un informe en el que advirtió del enorme costo económico que esa otra propuesta tendría para el gobierno, porque su implementación costaría al menos $13,000 millones al año y provocaría la separación de familias.
Al igual que ocurrió con la propuesta del DHS, activistas de la comunidad inmigrante advirtieron hoy de que cambios en las leyes actuales provocarán retrasos en los trámites migratorios para la reunificación familiar, disminuirán la inmigración legal, y perjudicarán a la economía en general.
En declaraciones a Noticias Telemundo, Doug Rand, co-fundador y presidente de «Boundless Immigration», dijo hoy que la Administración Trump está tratando de recurrir a métodos sin precedente y de dudosa legalidad «para cambiar el rostro de la inmigración en EEUU».
En ese sentido, Rand destacó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intenta restringir el acceso a visas temporales y «tarjetas verdes», especialmente si considera que el solicitante puede recurrir a programas de ayuda social en cualquier momento una vez establecido en Estados Unidos.
«Eso es algo altamente subjetivo que podría reducir por la mitad la inmigración en EEUU. Ahora nos enteramos de que el Departamento de Justicia quiere alentar la deportación de personas que ya son residentes permanentes legales, si en el pasado han aprovechado esos programas sociales para los que tienen derecho», enfatizó Rand.
«Esto sería un cambio masivo, pero es importante hacer notar que ninguna de estas políticas se han adoptado todavía, y casi es seguro que ambas serán impugnadas en los tribunales», vaticinó Rand, quien trabajó como uno de los asesores de asuntos migratorios de la Administración Obama.
Por su parte, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes Migratorias (NILC, por su sigla en inglés), dijo en un comunicado que EEUU es más fuerte cuando todos los estadounidenses tienen acceso a programas de «comida, salud, vivienda y otros recursos para prosperar».
«Los inmigrantes son parte de nuestras familias, comunidades, y sociedad, y deben poder utilizar los programas financiados por sus impuestos sin temor a consecuencias» en sus trámites migratorios, agregó.
Hincapié calificó la propuesta como «otro esfuerzo cruel para cerrar la puerta» a los inmigrantes al imponerles «una prueba de riqueza», evadiendo de paso la supervisión del Congreso.
«Estamos preparados para llevar a Trump a los tribunales para defender la libertad de nuestras comunidades para prosperar», advirtió Hincapié.
