La amenaza del posible inicio, el próximo día 14, de redadas masivas de indocumentados en Estados Unidos revivió el temor entre las comunidades de inmigrantes, mientras los demócratas calificaron de «brutales» estas acciones y advirtieron de que separarán «a muchas familias».
Al día siguiente de que las autoridades estadounidenses confirmaran un leve descenso en la detención de inmigrantes en la frontera, del que se puede inferir un retroceso en el paso de indocumentados, medios de comunicación locales informaron del comienzo a partir del domingo de las temidas operaciones en al menos diez de la principales ciudades del país.
El diario The New York Times indicó, citando a dos funcionarios y a un extrabajador del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que pidieron el anonimato, que las redadas estarán a cargo de personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
«En esas deportaciones, las autoridades podrían detener a inmigrantes que estén en el área aún cuando ellos no fueran los buscados», añadió el periódico. «En la medida en que sea posible, los miembros de familias arrestados juntos serán llevados a centros de detención para familias en Texas y Pensilvania. Pero, debido al espacio limitado, algunos podrían terminar en hoteles mientras se preparan sus documentos de viaje», agregó el rotativo.
Los funcionarios consultados por The New York Times señalaron que el ICE buscará primero a unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.
Entre las ciudades donde podrían ocurrir esas redadas se cuentan Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), Nueva York (Nueva York), Houston (Texas), Los Ángeles (California) y Miami (Florida). Por el momento, las autoridades no han confirmado esos datos, aunque el miércoles el director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés), Ken Cuccinelli, dijo que las redadas «van a llevarse a cabo» sin ofrecer más precisiones.
Oposición de las principales ciudades
Gobernadores y alcaldes indicaron que implementarán medidas para ayudar a las familias de los inmigrantes que puedan verse afectados por estas redadas.
En Nueva York, el alcalde Bill de Blasio y la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de esa metrópolis pidieron ser «conscientes» de los derechos de los indocumentados si un agente federal de inmigración llega a su hogar o se aproxima en un lugar público. De Blasio pidió que, en caso de redadas, los inmigrantes pueden pedir «ayuda gratuita legal y segura» para aprender cómo protegerse en una situación de este tipo.
En Chicago, la alcaldesa Lori Lightfoot afirmó la principal urbe del estado de Illinois «es y siempre será una ciudad acogedora que no tolerará que se separe» a las familias.
En esa ciudad, una de las diez en las que se supone que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) realizarán las redadas, se espera que 10.000 personas participen este sábado de una marcha en contra de estas operaciones.
En Denver, el alcalde Michael B. Hancock expresó que se mantienen firmes en su «compromiso con los inmigrantes que contribuyen» a la comunidad y economía local y a las «familias que huyen de la violencia».
Además, dijo, Denver hará todo lo posible para evitar la «práctica inhumana» de separar a los niños de sus familias. «Nunca apoyaremos redadas destinadas a difundir el miedo en nuestra comunidad», dijo.
De hecho, cuando las redadas fueron anunciadas por primera vez a finales de junio, la alcaldesa de San Francisco, London Breed, había dicho en un comunicado que resultaba «irracional» que el Gobierno «se enfoque en inocentes familias inmigrantes con redadas secretas diseñadas para infligir tanto miedo y dolor como sea posible».
Por eso, San Francisco, Nueva York, Denver y otras ciudades han activado o expandido sus propios planes de ayuda legal gratuita para ciertos indocumentados.
Deportar a «millones» de indocumentados
A mediados de junio, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en Twitter que el ICE iniciaría un proceso para deportar a «millones» de indocumentados, decisión que dejó en suspenso escasas horas de la fecha anticipada por medios locales para el comienzo de esas operaciones.
Trump, que dio en ese entonces un plazo de dos semanas para que demócratas y republicanos encontraran una solución a los problemas de asilo y los vacíos legales en la frontera, abrió nuevamente esta opción hace unos días, cuando anticipó que las redadas empezarían después del 4 de julio.
Un portavoz del ICE dijo hoy a Efe que por razones de «seguridad» y «protección» del personal de esa agencia no ofrecerán «detalles específicos relacionados con las operaciones de cumplimiento».
El portavoz indicó que el ICE «prioriza el arresto y la deportación de extranjeros que permanezcan ilegalmente (en el país) que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza».
Además, apuntó que el 90% de los extranjeros arrestados por la división de Aplicación y Expulsión de ICE durante el año fiscal 2018 (octubre 2017 – septiembre 2018) tenían al menos una condena o cargos criminales pendientes; eran fugitivos de esa agencia o reingresaron ilegalmente al país tras haber sido deportados.
Según el portavoz, todas las personas que violen las leyes de inmigración pueden estar sujetas a arresto y expulsión de EEUU, si se decide que deben ser deportadas.
La posibilidad de deportaciones masivas fue nuevamente criticada por la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, quien ya en junio pasado había abogado por suspender las redadas «sin corazón».
«Estas acciones brutales van a aterrorizar a niños y a muchas familias (…) Las familias deben permanecer unidas; todos en nuestro país tienen derechos. Oramos para que el presidente cambie de opinión», afirmó Pelosi en una rueda de prensa.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) reveló ayer que en junio fueron detenidos 94.897 migrantes en la frontera con México frente a las 132.887 personas arrestadas en mayo, cifra que para un portavoz de esa agencia dan un «cierto alivio» pero no suponen el cese de la «crisis humanitaria» en la zona.
