Los cambios bruscos en las políticas del gobierno de Pedro Sánchez se hacen evidentes cuando ya no está en modo populista.
Este martes 3 de junio se puso de manifiesto el cambio la política de inmigración de un gobierno que se definía como «humano», pero que ahora pasa a ser realista y advirtió al Open Arms de que no realice rescates de migrantes en el Mediterráneo o tendrá que afrontrar multas de hasta 901.000 euros.
Pero esta vez no lo hizo en Twitter como hiciera con el Aquarius, sino que se escondió en una carta enviada el 27 de junio al capitán del barco y firmada por Benito Núñez Quintanilla, el director general de la Marina Mercante, organismo dependiente del Ministerio de Fomento.
He dado instrucciones para que España acoja al barco #Aquarius en el Puerto de Valencia. Es nuestra obligación ofrecer a estas 600 personas un puerto seguro. Cumplimos con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de junio de 2018
Preguntado por la acogida del Aquarius, José Luis Ábalos, reconoció que sólo había sido “una llamada de atención a Europa” para que se movilizara ante el drama humano de los migrantes, cuando fue interpelado en el Parlamento.
En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, la jefa de misión de Proactiva Open Arms, Anabel Montes, ha denunciado que el Gobierno español «no solo da la espalda» a las ONG de salvamento de migrantes que están a la deriva en el mar, sino que las «amenaza» con multas.
«Si tenemos que decidir entre ser cómplices de asesinato de personas o multas, nuestra decisión es muy clara (…) Preferimos ser presos antes que cómplices y no nos van a parar». Ha dicho Montes.
