Un pacto energético con Brasil tildado de secreto por la oposición al presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, ha desatado una crisis política sin precedentes en el actual gobierno.
Este lunes 30 de julio de 2019 cuatro altos funcionarios han renunciado a sus cargos, entre ellos el canciller Luis Alberto Castiglioni, a raíz de las denuncias interpuestas por la oposición por su carácter secreto.
A la renuncia de Castiglioni se sumaron las de José Alberto Alderete, director del lado paraguayo de la hidroeléctrica de Itaipú; la de Alcides Jiménez, presidente de la Administración Nacional de Energía (ANDE), con menos de una semana en el cargo, y la del embajador en Brasil, Hugo Saguier.
El asesor técnico legislativo de la Presidencia, Hernán Hutteman, dijo en una rueda de prensa que los sustitutos de todos ellos se darán a conocer esta semana.
Hutteman añadió que, debido a esas dimisiones, Castiglioni y los otros tres funcionarios no están obligados a comparecer esta tarde a la sesión extraordinaria del Senado, donde estaban citados para dar explicaciones sobre el controvertido acuerdo firmado con Brasil.
En esa sesión se deberá tratar también la propuesta de la formación de izquierda Frente Guasu de rechazar ese acuerdo, que la oposición considera lesiva a los intereses de Paraguay.
Fernando Lugo, ex presidente y actual senador del Frente Guasu, se refirió a ese acuerdo, en su cuenta social, como el «acta secreta Abdo-Bolsonaro», en relación al presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, y a su par brasileño, Jair Bolsonaro.
Castiglioni anunció la noche del domingo que el Gobierno comunicó a Brasil que queda sin efecto el acuerdo de contratación de energía a la represa bilateral de Itaipú, que establecía un cronograma de compra hasta 2022.
El ex canciller hizo esas declaraciones tras las denuncias de la oposición de que el acta se hizo a espaldas de la ciudadanía, sin la participación de técnicos de la ANDE y en condiciones ventajosas para Brasil.
La firma del acta se produjo en mayo, pero la ciudadanía conoció de su existencia hasta esta semana, junto a la renuncia del entonces titular de la Administración Nacional de Energía (Ande), Pedro Ferreira, que se opuso a la firma.
Brasil solicitó a Paraguay en esas conversaciones que comprara energía acorde a su consumo y que presentara un cronograma hasta 2022, un año antes de la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú de 1973, algo que desde el lado paraguayo no se hacía.
Con información de EFE