Contralor especial: Por qué el Parlamento venezolano no ha nombrado al responsable de fiscalizar al gobierno de Juan Guaidó

Contralor especial: Por qué el Parlamento venezolano no ha nombrado al responsable de fiscalizar al gobierno de Juan Guaidó
El presidente interino de venezuela, Juan Guaidó

El resguardo del patrimonio público venezolano según la constitución del país está en manos de la Contraloría General de la República (CGR), que según la constitución venezolana es «el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, como de las operaciones relativas a los mismos».

Pero la dualidad del poder ejecutivo en Venezuela a raíz del desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente, por el sinfín de irregularidades de las elecciones del 20 de mayo de 2018, ha generado que ahora el país cuente con una Presidencia interina que controla parte del poder ejecutivo a nivel internacional tras el reconocimiento de casi sesenta países, y otro presidente a nivel interno que es un dictador con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El actual contralor de Venezuela es Elvis Amoroso, fiel al régimen chavista, fue diputado al Parlamento por el MVR y PSUV, hasta que tras la derrota electoral en 2015 se pasó a la Asamblea Nacional Constituyente que finalmente lo nombró Contralor General de la República, cargo que ejerce ilegalmente ya que el órgano encargado de nombrar al contralor es la Asamblea Nacional, la que preside Juan Guaidó.

Más allá de esto, los venezolanos tienen claro que el régimen no tiene contrapesos y la CGR se ha utilizado para perseguir a políticos opositores, pero no para velar por el patrimonio venezolano.

No son pocas las denuncias nacionales e internacionales contra los principales gestores públicos chavistas que han caído en saco roto, como las denuncias del caso Odebrecht en Venezuela, solo por mencionar uno de los casos.

Pero en el caso de la presidencia interina, no existe la figura de un contralor, lo más parecido es la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, cuyas funciones de control son limitadas, ejercen el control político, pero al fin y al cabo los representantes de la comisión no dejan de ser miembros de partidos políticos, carentes de la independencia exigida a un contralor.

Mercedes De Freitas, presidenta de Transparecia Venezuela, comentó para el programa ‘Al Cierre’ del digital Evtv Miami que lo apropiado sería nombrar a un «Contralor especial», porque «el gobierno interino no puede nombrar a nadie para que haga una actividad dentro del país, como PDVSA o las minas de oro en Venezuela, no va a tener ninguna posibilidad de acción”.

El gobierno interino ya tiene dos grandes empresas, Monómeros de Colombia y Citgo en Estados Unidos que tienen recursos y que el gobierno interino empieza a decidir sobre esos recursos, tienen fondos que se han recuperado de varias fuentes, no se sabe muy bien cuantas, tienen personas asignadas a tareas específicas, personas que representan al país, embajadores, gente que tiene tareas específicas como lo que pasó en Colombia (denuncias por el presunto uso indebido del dinero destinado a la ayuda humanitaria), esas personas necesitan sistemas, procesos y rendición de cuentas, ¿quién hace la verificación de que eso está ocurriendo, de que se hace con transparencia, de que se dice lo que se hace de verdad? Para eso hace falta esa figura del contralor especial”.

Esta opinión no es compartida plenamente por Carmen Beatriz Fernández, la experta en markenting político afirma que «no tiene mucho sentido que se designe a un Contralor de Guaidó, porque su gestión ha estado acompañado por el mantra que ha hecho suyo en este proceso ‘cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres’ y el ‘cese de la usurpación’ no se ha dado, mientras que el gobierno de transición se ha dado parcialmente en la medida en que hay algunos espacios relacionados con la esfera política internacional donde ciertamente se ha llevado cierta gestión administrativa, tiene que ver con el tema Citgo, con el rol de un procurador que vele por los litigios, por algunos embajadores, una gestión de ministros o de un Contralor no lo veo yo mucho sentido, afirmó.

El especialista en auditoría de Estado Kelvin Echenique, cree que «un contralor nuevo sería nulo, no estaría dotado de personal, ni de recursos, tampoco tendría capacidad sancionatoria, su capacidad fiscalizadora sería nula y hasta ridícula, es un paso que solo puede darse después de que se haya cumplido el ‘cese de la usurpación'».

Pero si no es posible designar a un contralor, por qué se nombró a un procurador del gobierno interino, es el argumento del asesor político venezolano José Vicente Carrasquero, quien también opina que “el nombramiento de un contralor es fundamental por los problemas de corrupción y la aparición de nuevos casos”, además señala que el principal beneficiado sería el gobierno interino.

«Esta figura sin duda brindaría al gobierno del presidente interino, Juan Guaidó, una mejor imagen en cuanto al manejo de los activos del Estado y le diferenciaría de la forma en que se ha gestionado el patrimonio venezolano en los últimos 20 años, daría un sentido de transparencia, un sentido de que hay un cabal manejo de esos activos venezolanos tan importantes de los cuales tiene control”.

Tanto Carrasquero como De Freitas están de acuerdo en que este contralor especial tendría que operar a nivel internacional, «cada vez que Guaidó o la oposición nombra a alguien en un cargo automaticamente lo convierte en un perseguido político del régimen y muy probablemente va a dar con sus huesos a la cárcel», afirmó Carrasquero.

Comisión para nombrar al contralor temporal

El pasado 18 de junio la Asamblea Nacional designó a una comisión para que se encargara de designar a un contralor temporal, sin embargo, ya han transcurrido casi tres meses desde aquella sesión parlamentaria y se desconocen los pasos que se han dado en ese sentido, «Es una tarea urgente, pero no lo han nombrado, y nos tememos es que lo vayan a resolver de un día para otro y no a través de un proceso que permita generar la confianza que un contralor requiere, hace falta abrir un proceso, que todo el que quiera se postule, que la comisión evalúe, hay mucha gente que está esperando que le den el carguito» criticó la presidenta de Transparencia Venezuela.

 

Autor

Jesús Mitchelle Torres

Licenciado en ciencias fiscales (ENAHP – IUT), especialista en auditoría de Estado (Universidad Simón Bolívar) y magíster en gerencia pública (IESA) con siete años de experiencia como auditor de Estado en Venezuela.

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