Los regímenes socialistas en América Latina se ha convertido en la peor cara del socialismo inetrnacional, y en este caso, el régimen sandinista de Daniel Ortega ha decidido colgarse la medalla de plata por el éxodo que generan sus políticas represivas en Nicaragua.
Han pasado apenas 17 meses desde el inicio de la crisis, pero ese corto lapso bastó para que el pequeño país centroamericano se haya convertido en el segundo foco de expulsión de ciudadanos después de Venezuela, uno de sus principales aliados.
Lo que comenzó el 18 de abril de 2018 como unas manifestaciones pacíficas contra la reforma del seguro social ha derivado en una protesta masiva contra el régimen de Ortega, en el poder desde 2007, al que se le reprocha haber instaurado una dictadura junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que se financia con un sistema de corrupción montado desde el Estado.
El último cuadro preciso de la situación lo suministra el reciente informe de la OEA, según el cual desde abril de 2018 más de 70.000 personas se han visto forzadas a dejar el país y de ellas unas 52.000 huyeron a la vecina Costa Rica, donde ya vive medio millón de nicaragüenses, la mayoría en situación irregular.
Los datos figuran en el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundido el viernes y titulado “Migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica”. El trabajo consigna que la represión ya ha provocado 328 muertos.
Nicaragua se suma así a su aliado político, la chavista Venezuela, como gran foco regional de expulsión de ciudadanos. Según ACNUR, más de 4 millones de venezolanos han debido dejar el país -de 31 millones de habitantes- por falta de alimentos y medicinas. Nicaragua tiene 6.5 millones de habitantes.
Según la CIDH, la migración forzada nicaragüense tiene raíces en la grave crisis de derechos humanos desde la represión a las marchas callejeras que se inició el 18 de abril de 2018.
Pese a que las cifras son muy inferiores a las de Venezuela, en Nicaragua aumenta el flujo de gente que huye sobre todo a Costa Rica, indica el informe de la OEA. Para Ortega, las movilizaciones fueron un intento de golpe de Estado respaldado por Washington, mientras los opositores “son vendepatrias y traidores” al servicio del “imperialismo”.
Ortega ha rechazado los informes de la CIDH por considerarlos “sesgados y parcializados”. Hace más de un año entró en vigor una ley que criminaliza las protestas con 20 años de prisión.
