Este viernes dejaron de circular en Nicaragua los periódicos El Nuevo Diario (el segundo más antiguo del país), Metro y el medio digital Maje, todos propiedad de la empresa ND Medios, producto de las presiones económicas del régimen de Daniel Ortega, frente a quien han mantenido posiciones críticas.
Por esta razón, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU han declarado que el país se encuentra ante un nuevo episodio de “violación de la libertad de expresión y de prensa”, producto de la confiscación por parte de las autoridades de Nicaragua de suministros indispensables para el funcionamiento de medios de prensa.
La confiscación por parte de las autoridades de Nicaragua de suministros indispensables para el funcionamiento de medios de prensa, algunos de los cuales acaban de anunciar su cierre por esta razón, es una “violación de la libertad de expresión y de prensa”, dijo hoy la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Nicaragua padece una crisis política, social y económica que se inició en abril de 2018 con una ola de protestas ciudadanas que cuestionaban las políticas públicas del Gobierno de Ortega, al tiempo que pedían más espacios democráticos y en algunos casos reclamaban la salida del presidente.
“La Oficina de Derechos Humanos está muy preocupada por las restricciones a la liberad de prensa”, sostuvo el organismo que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, quien este mes expuso ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra un informe alarmante sobre la situación en Nicaragua y en el que hacía mención de “la fuerte reducción del espacio de la sociedad civil, en particular de periodistas y trabajadores de medios de comunicación críticos con el gobierno, así como de los medios para los que trabajan”.
El cierre de El Nuevo Diario generó condenas entre periodistas, lectores y defensores de derechos humanos y la libertad de prensa. El gobierno retiene en aduanas, desde hace casi un año, materiales importados como papel y tinta para la impresión de El Nuevo Diario y La Prensa, los únicos periódicos de circulación nacional.
En un comentario remitido a Efe, la Oficina de Bachelet mencionó las constantes “campañas de intimidación y deslegitimación” en contra de la prensa, con acusaciones de traición a su país de por medio.
Denunció el caso más reciente del propietario de Radio Darío, que recientemente retornó a Nicaragua desde el exilio y que encontró las paredes de su casa y de la radio pintadas con mensajes amenazadores, y que hace tan solo dos días sufrió una redada por parte de la policía -que aparentemente carecían de orden judicial- en su radio.
“El día anterior, Radio Corporación, otro medio crítico del gobierno, reportó el robo de partes de su antena principal”, dijo la Oficina de Bachelet.
Por su parte, para el el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la salida de circulación del diario “es un duro golpe a la democracia” asestado por el gobierno, que ha intentado controlar a los medios con “represión, chantaje y represalias”.
(Con información de EFE y AFP)