La nueva instalación en Tababela, unos 30 kilómetros al este de Quito, estará ubicada en una menor altitud y eso facilitará los vuelos directos y transcontinentales a ciudades europeas como Madrid y Amsterdam
El alcalde de Quito, Augusto Barrera, afirmó ayer en Washington que el acuerdo suscrito con una empresa de Houston (Texas) para la gestión del nuevo aeropuerto internacional que será inaugurado en 2012, ayudará a dinamizar la economía de esa capital.
«Quito aspira a convertirse con esta obra en un centro para el turismo, para la agroexportación, para la industria y los servicios», dijo Barrera durante un encuentro con la prensa, al firmar el acuerdo de gestión con la Corporación Quiport.
La suscripción del acuerdo, tras la renegociación del contrato de concesión de la nueva terminal aérea, permitirá un proyecto que «dinamice la economía, genere empleos» y dé certidumbre a los inversionistas, señaló el alcalde quiteño.
El nuevo aeropuerto (NQIA), que será inaugurado en 2012 y cuya concesión será de 30 años, reemplazará al aeropuerto Mariscal Sucre en el centro de Quito, y es el único aeropuerto internacional bajo construcción en América Latina.
Philippe Baril, presidente del concesionario Quiport, dijo a los periodistas que el nuevo aeropuerto, que tuvo una inversión de unos 684 millones de dólares, tendrá pistas más grandes y otras ventajas sobre el aeropuerto actual.
La nueva instalación en Tababela, unos 30 kilómetros al este de Quito, estará ubicada en una menor altitud y eso facilitará los vuelos directos y transcontinentales a ciudades europeas como Madrid y Amsterdam, «sin tener que reabastecerse», explicó Baril.
La construcción del aeropuerto ha ayudado a crear poco más de 5.000 empleos directos y unos 20.000 empleos indirectos, según Quiport.
Preguntado sobre nuevos proyectos en América Latina, Baril dijo que Quiport ya tiene la gestión del aeropuerto en Costa Rica y está en un proceso de licitación para aeropuertos en Antigua y Colombia, entre otros.
Para Baril, el hecho de que los prestamistas «optaron por quedarse» en el proyecto tras la renegociación en agosto de 2009 -a raíz de la nueva Constitución-, «demuestra la confianza hacia el Gobierno ecuatoriano».