El Convenio Multilateral Iberoamericano, que protege a cerca de 600 millones de trabajadores emigrantes o desplazados a países distintos de su origen por sus empresas, ya se puede aplicar en España, Bolivia y Brasil para conservar el derecho y pago de las futuras pensiones en el extranjero.
El convenio, que entró en vigor el pasado 1 de mayo, también ha sido ratificado por Chile, Ecuador, El Salvador, Portugal y Paraguay. Otros once países más ya han suscrito el convenio y están tramitando su ratificación para su posterior aplicación.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, puso en valor el convenio porque garantiza los derechos de las personas más vulnerables, al tiempo que confió en que otros países completen el «círculo» para diseñar el futuro de un convenio universal.
«Para que la globalización sea, además de un éxito económica, una experiencia positiva para el reconocimiento de derechos sociales», aseguró Granado durante la presentación del convenio.
El convenio multilateral, creado a partir de las recomendaciones de la OIT y que puede convivir con un convenio bilateral, persigue atajar la desprotección social derivada de una economía globalizada. En España hay casi 649.000 ciudadanos iberoamericanos que cotizan a la Seguridad Social, mientras que unos 629.000 españoles lo hacen en Iberoamérica.
En un supuesto en el que un español haya trabajado en cualquier país de Iberoamérica, además de España, puede totalizar en el grueso de sus cotizaciones las aportadas en las naciones firmantes del convenio. Ahora, sólo existe la posibilidad de aplicar un convenio bilateral, y en ausencia de éste sólo se genera derecho a la jubilación si se cumple con la legislación concreta.
El texto del acuerdo se firmó en 2007 en el marco de la XVII cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en Chile.
