El Gobierno de México ha condenado «en los términos más enérgicos» la ejecución del ciudadano mexicano Humberto Leal García, condenado por violar y asesinar a una chica de 16 años en 1994, que se ha llevado a cabo mediante una inyección letal alrededor de las 19.00 de la tarde del jueves (1.00 de la madrugada del viernes en España) en la prisión de Huntsville (Texas).
A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México ha deplorado igualmente la decisión del gobernador de Texas, Rick Perry, de no suspender durante un mes la ejecución de Leal García, tal y como se lo habían solicitado la Casa Blanca, Naciones Unidas, el embajador de México en Washington, organizaciones humanitarias y diversos representantes de la sociedad civil.
El país iberoamericano ha indicado que esta ejecución constituye una violación por parte de Estados Unidos del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, ya que Leal García no fue informado de su derecho a recibir asistencia diplomática cuando fue detenido, una de las garantías establecidas en este tratado internacional.
Además, ha indicado que con ello ha incumplido también la aplicación del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso Avena, que enfrentó a México y Estados Unidos, según el cual el país norteamericano debe revisar la condena a pena de muerte contra 51 mexicanos que tampoco pudieron recibir asistencia diplomática.
En consecuencia, el Gobierno mexicano ha enviado una nota de protesta al Departamento de Estado norteamericano «por esta violación del derecho internacional, manifestando su preocupación por el precedente negativo que este caso sienta para el resto de los mexicanos incluidos en el fallo Avena y para los derechos de los mexicanos que puedan ser detenidos en Estados Unidos».
No obstante, «reconoce ampliamente la voluntad mostrada por el Gobierno estadounidense de dar cumplimiento al fallo Avena», en alusión a las gestiones realizadas por el presidente, Barack Obama, para suspender temporalmente la ejecución, así como por haber apoyado el último recurso interpuesto por la defensa de Leal García ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
ESFUERZOS DIPLOMATICOS
Por otro lado, el Gobierno mexicano ha asegurado que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la defensa de Leal García «agotaron todas las instancias legales a su alcance –internas e internacionales–, con el fin de obtener la revisión del caso conforme a lo ordenado por la CIJ».
En este sentido, apunta que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el embajador mexicano intentaron comunicarse con el gobernador de Texas, quien debía decidir sobre la ejecución de Leal García, aunque éste no contestó, por lo que trasladaron sus reivindicaciones a su jefe de Gabinete.
Además, ha indicado que las autoridades mexicanas «desplegaron un intenso activismo ante actores clave del Congreso estadounidense» para impulsar el cumplimiento del fallo del caso Avena, más cuando el Senado está a punto de aprobar una ley que permitiría la aplicación de lo dictado por la CIJ.