El gobierno mexicano «militariza» la ciudad de Monterrey

El gobernador del estado de Nuevo León (norte), Rodrigo Medina, y el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, anunciaron ayer domingo la clausura de doce casinos y la revisión de otros 17, en el marco de una iniciativa para combatir la ilegalidad de estos establecimientos.

«Los acontecimientos ocurridos el pasado 25 de agosto en Monterrey son la consecuencia de una cultura de corrupción, de impunidad, de ilegalidad y de las mentes criminales y enfermas de quienes no tienen el menor respeto por la vida», ha manifestado el Ejecutivo mexicano en alusión al ataque perpetrado contra el casino Royale de Monterrey en el que perdieron la vida 52 personas.

Asimismo, las autoridades mexicanas efectuarán un amplio despliegue de efectivos de Protección Civil para la inspección y vigilancia de los casinos, así como una revisión administrativa «minuciosa».

«De encontrar irregularidades, (…) haremos efectivas las responsabilidades que procedan», ha avisado el magistrado José Alfonso Solís Navarro.

Medina y Larrazabal han asegurado que formularán propuestas para la reforma de la Constitución federal y de México, además de otras leyes estatales en materia de Seguridad Pública, Salud, Protección Civil, entre otras. El objetivo es que se refleje «el repudio del puelbo de nuevo León a la instalación de nuevos casinos», ha añadido el gobernador de Nuevo León.

DESPLIEGUE MILITAR

Unos 300 soldados mexicanos llegaron el sábado a Monterrey, en el norte del país, como medida cautelar para garantizar la seguridad en la localidad tras el ataque del pasado viernes.

Fuentes oficiales han informado de que 1.500 policías están de camino para, además, ayudar con la investigación de los hechos, según ha informado el diario mexicano ‘El Universal’.

Al respecto, la Fiscalía mexicana ha publicado imágenes de tres sospechosos relacionados con el ataque y ha ofrecido una recompensa de «hasta 30 millones de pesos» (más de 1,6 millones de euros) por información que conduzca a su captura.

El presidente de México, Felipe Calderón, calificó el ataque como un acto de terrorismo, un lenguaje hasta ahora inédito en la lucha contra el narcotráfico que emprendió tras asumir el poder en 2006.