El reconocimiento del Estado palestino podría, en teoría, llevar a políticos y militares israelíes ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI) a causa de la política de asentamientos sobre tierra ocupada que el Ejecutivo hebreo lleva a cabo desde hace décadas en Cisjordania, práctica que es considerada como un crimen de guerra por el derecho internacional, según han señalado varios expertos.
Los estatutos del TPI condenan específicamente el traslado directo o indirecto de la población del país ocupante al territorio ocupado y lo define como crímenes de guerra.
«La jurisdicción del TPI en La Haya es una jurisdicción complementaria, lo que signidica que la Corte Internacional no intervendrá en caso de que los crímenes de guerra sean investigados por Israel y los responsables sean perseguidos», ha expresado el ex asesor legal del Ministerio de Exteriores israelí y experto en derecho instarnacional Robbie Sabel.
«Sin embargo, en caso de que Israel no esté llevando a cabo una investigación por crímenes de guerra y no esté intentando probar la culpabilidad de los acusados, la Corte podría involucrarse en el caso», ha agregado.
«Los asentamientos son un ejemplo báico de esto, ya que la teoría establece que se está hablando de un crimen de guerra que Israel no está investigando y que no está llevando a los responsables ante la justicia. Por ello, el TPI podría intervenir e investigar», ha señalado Sabel.
Sin embargo, ha indicado que no sabe si los palestinos usarían esta herramienta a menudo, a si la pondrían siquiera en práctica. «Salvo Jordania, ningún país árabe vecino ha aceptado la jurisdicción del TPI. ¿Por qué no se une Siria? Damasco podría haberse unido y haber solicitado una investigación contra la ocupación israelí en los Altos del Golán. Siria no se une porque entonces sus mandatarios podrían ser investigados por crímenes de guerra también», ha argüido.
«Podría ser que los palestinos se vieran envueltos en una trampa, ya que al solicitar la investigación podrían reclamar al TPI que investigue los ataques de los palestinos contra civiles israelíes. Sin duda, Israel podría sacar una larga lista de atentados terroristas contra civiles israelíes que no han sido sometidos a juicio en Palestina y llevarlo al TPI», ha añadido Sabel.
El abogado Nick Kaufman y la profesora Daphne Richmond-Barak, ambos expertos en derecho internacional que han trabajado con la Corte Penal Internacional (CPI) consideran que los palestinos podrían intentar el recurso incluso antes de ser reconocidos como Estado. Sin embargo, Richmond-Barak ha puntualizado que «las posibilidades de que los dirigentes israelíes sean llevados ante el TPI serían mucho mayores después de septiembre», momento en que se votará su petición de reconocimiento.
Por su parte, los abogados Limor Yehuda y Anne Sucio, de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, han señalado las posibles ramificaciones del reconocimiento de los derechos civiles en Palestina una vez se les reconozca como Estado.
«Hay que tener en cuenta que si Palestina ratifica el Estatuto de Roma –base de la CPI– se les obligaría a respetar los Derechos Humanos y eliminar la tortura o los atentados contra civiles israelíes», ha dicho Sucio. «Es posible que el reconocimiento incremente el nivel de Derechos Humanos en ambos países», ha apostillado.