La presencia de las FARC en territorio venezolano fue denunciada ya en 2010 por el entonces presidente colombiano Alvaro Uribe
Estados Unidos acusó este 8 de spetiembre de 2011 a un general, a dos dirigentes políticos y a un oficial de inteligencia de Venezuela de tener vínculo con el tráfico de drogas y de dar apoyo a la guerrilla colombiana de las FARC.
La sorpresiva declaración provocó una fuerte reacción desde Caracas, que repudió las afirmaciones y sostuvo que «no tiene moral para calificar».
LA REACCIÓN DEL GORILA
Hugo Chávez ha rechazado de froma airada lo que califica de «infamia» de Estados Unidos y dice que él también tiene una lista de personalidades que pide sean sancionadas.
«Yo también tengo mi lista, la lista Chávez», dijo el El presidente de Venezuela, quien mencionó en primer lugar a la legisladora estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, a la que acusó de haber llamado a su derrocamiento.
«Sanciónese a Otto Reich, alto ex funcionario de extrema derecha que ha llamado a mi derrocamiento. Tengo pruebas».
Agregó que su lista también incluye al secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.
«Búsquese por Interpol, ellos mismos han dicho que han sido 20.000 los muertos en Libia».
«La lista del Departamento del Tesoro es para reírse. Yo salgo en defensa de la honorabilidad de estos cuatro funcionarios señalados injustamente en esta lista… Que presenten una prueba. Yo sé de donde salieron: de las supuestas computadores de Raúl Reyes que hasta la justicia colombiana las desechó».
LA LISTA DE EEUU
La lista de «Individuos Especialmente Designados» es una de las nóminas que el Departamento del Tesoro actualiza regularmente en función de investigaciones para controlar el dinero del narcotráfico o el terrorismo en el mundo.
Quienes aparecen en ese informe son el general de la Armada Cliver Alcalá; el congresista oficialista Freddy Bernal, ex alcalde de un municipio en Caracas; el ex presidente alterno del Parlamento Latinoamericano, Amilcar Figueroa; y el oficial de inteligencia Ramón Madriz.
Todos ellos aparecían en los archivos hallados en la computadora del ex número dos de las FARC, Raúl Reyes, tras la polémica operación militar colombiana que terminó con su muerte en territorio ecuatoriano, en 2008.
La declaración del Tesoro de EE.UU. sostiene que cuatro altos responsables venezolanos fueron «suministradores de armas, seguridad, entrenamiento y asistencia a las operaciones de las FARC dentro de Venezuela».
La designación como «narcotraficante especialmente designado» implica que se prohibe a ciudadanos o empresas estadounidenses a realizar transacciones con los afectados, a los que además se les congela cualquier activo que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.
Según el informe, el general Alcalá «utilizó su posición para establecer una ruta de armas a cambio de drogas» con las FARC. Figueroa «fue uno de los principales traficantes de armas» de la organización guerrillera armada colombiana, y lo mismo sucedió con el ex alcalde Freddy Bernal.
El oficial de inteligencia Madriz «coordinó tareas de seguridad».
LOS SICARIOS DE CHÁVEZ
Ante estas aseveraciones, el canciller venezolano Nicolás Maduro dijo:
«No aceptamos que un gobierno como el de Estados Unidos pretenda calificar a los ciudadanos decentes».
«Es un país que quiere erigirse como una especie de ‘policía mundial’ , antes de preguntarse por qué siguen son el primer consumidor de drogas del planeta. Nosotros creemos que las mafias narcotraficantes están allí, en una sociedad enferma como la sociedad estadounidense».
También uno de los acusados, Freddy Bernal, se defendió desde su cuenta de Twitter.
«Si pretenden amedrentarme con su lista gringa, ¡ahora más que nunca rodilla en tierra por Chávez y la Revolución! Es una agresión a la Patria «.
En 2008, el Departamento del Tesoro ya había anunciado sanciones contra los dos principales responsables de la inteligencia venezolana y contra un ministro, acusados de ser los enlaces gubernamentales con las FARC.
Washington, que mantiene una conflictiva relación con Venezuela, sostiene que el gobierno de Chávez y el del boliviano Evo Morales «fracasaron manifiestamente» en la lucha contra el narcotráfico, según el último informe antidrogas del Departamento de Estado.
Allí asegura que el tráfico de cocaína aumentó de 50 toneladas en 2004 a 143 toneladas en 2009.
La presencia de las FARC en territorio venezolano fue denunciada en 2010 por el entonces presidente colombiano Alvaro Uribe, y provocó un duro cruce entre esos países.
Con la llega de Juan Manuel Santos al poder, la relación se distendió y las autoridades venezolanas entregaron a varios miembros de las FARC al Ejército colombiano.
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