La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado en sesión extraordinaria un pronunciamiento de rechazo en contra de la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir a cuatro funcionarios venezolanos –un militar, un agente de Inteligencia y dos políticos– en su ‘lista negra’ por supuestamente proveer de armas a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Parlamento venezolano ha señalado que esta decisión constituye «una nueva acción de difamación en contra del pueblo y las instituciones de Venezuela», según ha informado la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Los afectados por esta medida son el general Cliver Alcalá, de la Cuarta División Armada; el agente de Inteligencia Ramón Madriz; el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Freddy Bernal; y el presidente alterno del Parlamento Latinoamericano, Amilcar Figueroa.
El Departamento del Tesoro estadounidense afirmó que todos ellos apoyan supuestamente a grupos insurgentes colombianos, información que habría sido extraída de los ordenadores del ex ‘número dos’ de las FARC, ‘Raúl Reyes’, asesinado en una operación del Ejército de Colombia contra el campamento en que se encontraba, en suelo ecuatoriano.
La propuesta de rechazo ha sido presentada por el diputado Héctor Navarro y avalada por unanimidad por la bancada del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
«Hemos declarado firmemente nuestra decisión de ser libres de un imperialismo, que por su agenda de agresiones e intervenciones, ha sembrado de muerte a nuestra Madre Tierra. No permitiremos que, con su formato de guerra «preventiva» con el cual han asesinado a millones de hombres y mujeres en Irak, Afganistán, Libia y otros pueblos del mundo, vengan a echar por tierra el proceso de unidad y desarrollo político, social, económico y cultural que construimos con esfuerzo los latinoamericanos», señala el texto.
Asimismo, Navarro ha afirmado que el PSUV respalda cualquier acción que considere pertinente el poder Ejecutivo o las personas agraviadas por la decisión. Por último, ha subrayado que la decisión del Departamento del Tesoro estadounidense «no tiene propósitos sino desestabilizar con políticas violentas nuestro país y la región».
Por su parte, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, exigió a su homólogo estadounidense, Barack Obama, que presente «una sola prueba» para justificar las sanciones impuestas.
«Esta infamia, él (Obama) sencillamente la aprueba. El que calla otorga, es el presidente de Estados Unidos», dijo Chávez, que ha calificado la decisión de promover sanciones contra los funcionarios de «infamia».
En respuesta, ha señalado que él podría mencionar también una lista de funcionarios estadounidenses de quienes podría probarse su complicidad y apoyo a actos terroristas en el extranjero.
«Tengo mi lista de Chávez en la que, por ejemplo, se podría sancionar a Ileana Ros-Lehtinen, representante del Congreso de Estados Unidos, quien ha llamado a mi derrocamiento. Eso es terrorismo. Sanciónese a Otto Reich, alto funcionario y que mantiene su presencia en la extrema derecha y ha llamado públicamente a mi derrocamiento y a la invasión a Centroamérica», ha manifestado. «¿Quieren pruebas? Las tenemos», manifestó Chávez.