El Gobierno de Cuba ha aclarado que el caso de Alan Gross, contratista estadounidenses condenado a 15 años de cárcel por introducir equipos de comunicación por satélite en el país, «nunca» estuvo en la agenda del viaje que el ex gobernador del estado de Nuevo México (Estados Unidos) Bill Richardson hizo la semana pasada a la isla.
A través de un comunicado, la directora de Asuntos de Norte América del Ministerio de Exteriores cubano, Josefina Vidal, ha explicado que «la liberación de Gross nunca estuvo sobre la mesa», algo que las autoridades cubanas aclararon a Richardson «inmediatamente después de plantearlo».
Además, Vidal ha explicado que no permitió que el ex gobernador visitara al contratista estadounidense por las «declaraciones calumniosas» que hizo a la prensa, «en las que calificó a Gross de ‘rehén del Gobierno cubano'».
A este respecto ha indicado que Richardson debería haber solicitado esta visita «de manera privada, discreta y respetuosa», como han hecho otras autoridades estadounidenses a las que sí se les ha permitido ver a Gross «por razones humanitarias».
Vidal ha calificado al ex gobernador de «prepotente» por «su intento de presionar al Gobierno» al afirmar que no abandonaría la isla hasta cumplir su propósito. «Se le recordó a Richardson que Cuba es un país soberano, que no acepta chantajes, presiones, ni prepotencias», ha apuntado.
De esta forma, Cuba ha refutado la versión dada por el ex gobernador, quien asegura que el Gobierno le prometió un encuentro con Gross, que finalmente no se produjo. «Inmediatamente me dijeron que no podía visitarlo, y menos llevármelo a Estados Unidos con su familia», dijo Richardson a la prensa.
El estadounidense regresó ayer de La Habana, tras una estancia de seis días cuyo objetivo era conseguir la liberación de Gross, algo que en su opinión podría haber mejorado las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos.
EL CASO
Gross, de 62 años de edad, ha sido condenado a 15 años de prisión por llevar a cabo «actividades subversivas» contra el Gobierno de Cuba, acusación basada en la introducción de equipos de comunicación por satélite al país, prohibidos por el régimen comunista.
Washington alega que Gross trabaja para la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID). Sin embargo, La Habana acusa al contratista de distribuir estos equipos entre opositores para «destruir la Revolución».
Actualmente, Gross está hospitalizado debido a su delicado estado de salud. Sin embargo, Vidal ha indicado que únicamente «tiene los padecimientos crónicos acordes con su edad», por los que «recibe una atención médica esmerada».
