La ONG pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) estima en su último informe que la agencia de la Unión Europea para la protección de las fronteras exteriores, la Frontex, expone a los inmigrantes a sufrir un tratamiento «inhumano y degradante» del que son objeto en los centros de detención griegos donde son hacinados tras pasar a disposición de las autoridades.
La ONG denuncia que grupos de inmigrantes detenidos en la frontera grecoturca fueron enviados a centros sin la capacidad necesaria para recibirles, y en los que permanecieron por espacio de «semanas e incluso meses», generando así un problema de superpoblación que afectó entre otros a «menores sin acompañamiento de adultos».
El informe de la ONG responsabiliza a la Frontex de «complicidad a la hora de exponer, a sabiendas, a los inmigrantes a un modelo de tratamiento que está absolutamente prohibido por el derecho humanitario internacional», según declaró el director del Programa de Refugiados de la HRW, Bill Frelick, quien pide un cambio en el modelo de funcionamiento de la política migratoria de la UE para anteponer la protección de los inmigrantes a cualquier otra consideración.
Si bien se espera que los ministros de Justicia e Interior de la UE aprueben un cambio de normativa en el sistema de operaciones de la Frontex durante el transcurso de la cumbre que comenzará el próximo 22 de septiembre, la ONG advierte de que las modificaciones planteadas «no remedian la situación en toda su amplitud».
CELDAS ABARROTADAS
La ONG denuncia concretamente la intervención del llamado Primer Equipo de Intervención Fronteriza Rápida (RABIT, por sus siglas en inglés) en el lapso de tiempo que abarcó desde noviembre de 2010 hasta febrero de 2011, durante sus patrullas por el río Evros, frontera con Turquía. Se trataba de 175 oficiales enviados por Frontex en calidad de «agentes invitados».
Los inmigrantes detenidos por la brigada RABIT pronto abarrotaron los centros a los que fueron trasladados, según testimonios de 65 inmigrantes, así como de agentes de la Frontex y de la Policía griega.
Por ejemplo, la comisaría de Policía de Feres llegó a recibir a 97 inmigrantes, más de tres veces la capacidad máxima estimada por los agentes griegos consultados. «No se pueden imaginar lo difícil que es estar aquí», declaró una inmigrante georgiana de 50 años. «No puedo dormir. Simplemente me siento sobre una colcha».
En el centro de detención de Fylakio, responsables de la ONG fueron testigos de la presencia de menores que no estaban acompañados por adultos en «celdas abarrotadas», donde las aguas residuales «empapaban el suelo» causando un olor «difícil de soportar». De hecho, los guardias griegos llevaban máscaras quirúrgicas para atenuar el olor y prevenir infecciones cuando entraron en la sala de celdas.
Por ello y a pesar de que la ONG centra su informe en el desempeño de la Frontex, las autoridades griegas «tampoco quedan absueltas» y se insta al Gobierno de Atenas a «emprender medidas inmediatas para mejorar las condiciones de los detenidos y ponga en práctica el sistema de reformas prometido».
CONTRADICCION EN EL SENO DE LA UE
La ONG recuerda que la actuación de la brigada RABIT ya fue objeto de una declaración vinculante promulgada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que calificaba de inhumanas y degradantes las condiciones de vida de los inmigrantes detenidos en Grecia. Por ello, la ONG no deja de hallar «perturbadoramente contradictorio» que la agencia fronteriza de la UE siguiera enviando inmigrantes a sabiendas de la sentencia.
La ONG considera del mismo modo insuficientes las enmiendas que se aprobarán presumiblemente en la reunión del próximo día 22 en el seno de la cumbre de Justicia e Interior reconocen la necesidad de mejorar el escrutinio de los derechos humanos en las operaciones de la Frontex con la creación de un cuerpo consultivo con representantes de la sociedad civil.
Si bien HRW entiende que estos cambios «son un comienzo», también tacha la propuesta de «insuficiente» porque «las medidas no conllevan la creación de un mecanismo que responsabilice a la Frontex de cualquier de violación de los derechos humanos en el marco del derecho comunitario durante el transcurso de sus operaciones» y pide que el encargado del cuerpo consultivo mencionado tenga la potestad de enviar cualquier queja sobre la actuación del cuerpo fronterizo a la Comisión Europea para que esta adopte las medidas pertinentes.
