Comienza la consulta sobre el derecho de los paraguayos de votar en el exterior

Comienza la consulta sobre el derecho de los paraguayos de votar en el exterior
. EFE/Archivo

Los colegios electorales abrieron hoy con normalidad en Paraguay para el referendo en el que los ciudadanos deben definir el voto de los nacionales en el exterior.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó de que los locales de votación abrieron en la mayoría de los distritos del país «a excepción de dos locales en Marangatú, en el departamento de Canindeyú, donde el encargado no puedo llegar a tiempo a causa de la torrencial lluvia».

Un total de 3.039.308 de personas, la mitad de la población del país, están convocadas y si se impone el «sí» frente al «no» el TSJE deberá elevar al Congreso una enmienda constitucional, la primera en la actual Carta Magna que data de 1992, para que los residentes en el exterior puedan votar a partir de los comicios generales de 2013.

Datos de la justicia electoral indican que más de medio millón de paraguayos viven en el exterior, en su mayoría en Argentina, España y Estados Unidos, mientras que la Secretaría de Repatriados calcula que son poco más de un millón.

El TSJE indicó que el 90 por ciento de las 5.309 mesas instaladas en los 17 departamentos (provincias) se encontraban habilitadas a las 07.00 local (10.00 GMT) para una votación de diez horas, hasta las 17.00 local (22.00 GMT).

Ese porcentaje incluye la localidad de Horqueta, a 450 kilómetros al noreste del país, en el departamento de Concepción, que junto con el vecino San Pedro fue declarada en estado de excepción por el Congreso para combatir a un pequeño grupo armado de izquierda que opera en áreas boscosas de esas provincias.

El presidente paraguayo, Fernando Lugo, abrió la consulta en un centro educativo de Lambaré, comunidad vecina a Asunción, donde destacó que la consolidación de la democracia pasa «por un alto grado de participación», al tiempo que auguró una jornada «tranquila y pacífica».

La consulta popular es supervisada por trece observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) bajo la coordinación de la excanciller colombiana Noemí Sanín, así como por una misión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

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