El presidente de Bolivia, Evo Morales, pondrá a prueba este domingo el respaldo popular que conserva tras casi siete años en el poder, en unas polémicas elecciones de máximas autoridades judiciales en las que la oposición denuncia «peligro de fraude».
Están convocados 5,2 millones de bolivianos, que elegirán, entre 115 candidatos, a los 28 magistrados titulares y otros tantos suplentes de los tribunales Supremo, Constitucional, Agroambiental y Consejo de la Magistratura, por primera vez por sufragio popular directo.
Morales ha hecho campaña para estas elecciones en los últimos meses, inaugurando obras por todo el país o repartiendo en los colegios ordenadores portátiles con su foto en la tapa, mientras la oposición llama a votar nulo contra lo que tilda de farsa del oficialismo para copar los máximos tribunales.
Por ello, la expectación no está en quienes serán elegidos, sino en cuántos votos nulos o en blanco habrá, y si podrán ser interpretados como rechazo al mandatario.
Pese a que está teóricamente prohibido hacer campaña en estas elecciones, Morales asumió el desafío de probar su respaldo con la elección de magistrados, al señalar que espera un triunfo más de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).
«Es el único partido que ganó seis elecciones consecutivas; tres elecciones con más del 50 % y tres elecciones con más del 60 %. Ahora tenemos que llegar al 70 % (…) De frente hago campaña (…) Otra vez ganaremos ampliamente», dijo en septiembre.
Aludía, entre otros triunfos, a su primera elección en 2005 (54 % de los votos), la aprobación de la nueva Constitución en 2009 (61 %) y su reelección en ese mismo año (64 %), pero las últimas encuestas le dan la mitad del respaldo de en los últimos comicios.
La oposición acusa al presidente del Tribunal Electoral, Wilfredo Ovando, de tener vínculos con el MAS, no haber depurado a candidatos que estaban habilitados y no ser garantía de transparencia a la hora de registrar votos válidos, nulos o en blanco.
El líder del Movimiento sin Miedo (MSM), el centroizquierdista Juan Del Granado, hasta 2010 aliado del presidente, denunció «un enorme peligro de fraude en las elecciones judiciales»,
El jefe de Unidad Nacional, el centrista Samuel Doria Medina, dijo que si los votos nulos y en blanco superan a los válidos, Morales deberá reconocer su derrota y convocar a una nueva elección de magistrados.
La oposición afirma, además, que los candidatos a magistrados fueron preseleccionados por la mayoría oficialista en el Parlamento, que dejó casi solo a fieles al mandatario.
Pero el Tribunal Electoral, controlado por el oficialismo, replica que las denuncias de la oposición no tienen «asidero legal» ni «fundamento alguno», según dijo el vocal Ramiro Paredes.
Morales llega a estos comicios tras dos meses de desgaste por su conflicto con los indígenas de la Amazonía, que marchan hacia La Paz para exigirle que no construya una carretera que partirá por la mitad una reserva natural.
Los amazónicos caminan en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis), de 1,2 millones de hectáreas, y llegarán a La Paz la próxima semana, tras aminorar este fin de semana su avance para no coincidir con los comicios judiciales.
La marcha, que desluce la imagen de Morales como ecologista e indigenista, causó el cese de dos ministros, un viceministro, el subdirector de la Policía y otros altos funcionarios, tras atacar a los indígenas medio millar de agentes, en una operación violenta que incluso Morales calificó de «imperdonable».
Varias organizaciones sociales piden a los bolivianos que este domingo anulen su voto escribiendo «Tipnis» en la papeleta.
La complejidad de la novedosa elección de magistrados, junto con las restricciones a los medios y a los candidatos para debatir sobre ellos, han derivado en una abrumadora ignorancia de la población, según las encuestas.
El 92 % de consultados en las cuatro mayores ciudades de Bolivia no conoce a ningún candidato, o solo a unos pocos, y un 76 % no se considera bien informado para emitir el voto, según sondeos de hace una quincena.
Para supervisar los comicios llegaron 60 enviados de la OEA, Unasur y otras entidades latinoamericanas, encabezados por el expresidente panameño Martín Torrijos, pero son pocos para 23.660 mesas de votación repartidas por todo el país.
Además, no podrá haber en los centros electorales observadores de los partidos bolivianos.
Rige desde el viernes la «ley seca», prohibición de vender alcohol, y quedaron suspendidos todos los actos, reuniones y espectáculos públicos, más el transporte y los viajes el día de la votación.
