Unos 360.000 militares y policías fueron movilizados para garantizar la votación en las elecciones locales y regionales del próximo domingo en Colombia, tras una campaña violenta en la que 41 candidatos fueron asesinados o otros 88 recibieron amenazas..
Este despliegue busca asegurar que las elecciones se celebren en los 1.103 municipios de los 32 departamentos, afirmó hoy a la prensa el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
Vargas viajó este viernes a Pasto, la capital del departamento de Nariño (suroeste), junto al titular de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con quien emprendió el pasado martes una gira por regiones para «ultimar los detalles» del plan de seguridad de los comicios.
«La fuerza pública está instruida, al igual que las autoridades de control, para garantizar que se hagan las elecciones» en todo el país, matizó el ministro del Interior.
Y puntualizó: «ningún alcalde en el país tiene la competencia para determinar si se hacen o no elecciones en su municipio».
La gira ha llevado a Vargas y a Pinzón por diez departamentos, y busca corregir eventuales vacíos o fallos de la estrategia de seguridad elaborada hace siete meses para impedir acciones violentas y actos de corrupción en estas elecciones, las primeras que encara el Gobierno de Juan Manuel Santos, que asumió en agosto de 2010.
El plan tiene alcance sobre la totalidad de las 93.000 mesas instaladas en los 10.500 centros de votación previstos por la Registraduría Nacional del Estado Civil (responsable de la identificación ciudadana y de la logística electoral) para la jornada del día 30 de octubre.
Unos 30,78 millones de colombianos están convocados a estas elecciones que designarán a 1.103 alcaldes, 32 gobernadores, 12.603 concejales, 418 diputados (legisladores regionales) y 4.627 ediles de juntas administradoras locales (JAL).
«Hemos constatado que (…) todo el esfuerzo dio los resultados esperados», aseguró el ministro Vargas Lleras, quien el pasado lunes recibió de la Misión de Observación Electoral (MOE, privada) un informe sobre riesgos con vistas a estos comicios.
Además de 41 muertos y 88 candidatos amenazados, el estudio recoge 23 casos de atentados y siete de secuestro, para un total de 159, diez más que los documentados por la misma fuente en 2007.
La directora de la MOE, Alejandra Barrios, dijo hoy a Efe por teléfono que a falta de dos días para los comicios se mantienen los riesgos de violencia, fraude y corrupción, así como por efecto del período de lluvias que afecta al país.
«Más o menos uno de cada tres municipios tiene riesgo electoral (por uno o varios de esos factores)», agregó la experta, para quien la gran preocupación de ahora se centra en Medellín y el departamento del que esta ciudad es capital, Antioquia, por la injerencia de grupos armados ilegales.
Barrios dijo que el problema es particularmente preocupante en esa ciudad, la segunda en importancia del país, por «las presiones de bandas armadas en diferentes comunas (agrupación de barrios)».
Las presiones son a favor del exalcalde Luis Pérez, que busca un nuevo mandato en la ciudad, según han denunciado las autoridades locales, que aseguran que este político de origen liberal es apoyado por grupos de origen paramilitar, imputaciones por las que la Fiscalía General le abrió una investigación preliminar.
El problema ocupará a los responsables regionales de la MOE, que mantendrá su tarea de observación en la gran parte del país y a la que se unirán los 61 veedores de 19 países de misiones conformadas por la OEA y el Parlamento Andino (Parlandino).
Entre ellos están el surcoreano Hyunk Seang, el español Eloy García y el costarricense José Thompson, todos ellos con trayectoria en cuestiones electorales.
A pesar de se locales, el foco de estos comicios se centra en Bogotá, donde el exguerrillero Gustavo Petro, del disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19), se perfila como el triunfador.
Petro es un excongresista y excandidato presidencial que se apartó del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y creó la formación Progresistas para postular a la Alcaldía bogotana.
