El presidente de Uruguay, José Mujica, promulgó la ley aprobada por el Poder Legislativo que evita la prescripción de los delitos de la dictadura uruguaya (1973-1985), informaron hoy fuentes oficiales.
Con este paso, la polémica norma, cuyo trámite parlamentario desató fuertes críticas en la oposición y mostró las irreconciliables posturas existentes sobre la interpretación de ese período histórico que perduran en el país, ya entró en vigor.
De este modo se evita el cumplimiento del plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia que declaró que los crímenes cometidos por agentes del Estado en esa época eran «ilícitos comunes» cuya prescripción se cumplía el 1 de noviembre.
La ley fue aprobada por el Senado el martes y por los diputados en la madrugada del jueves tras un intenso debate y con los únicos votos a favor del oficialista Frente Amplio, mayoritario en ambas cámaras en medio de un ambiente tenso pocas veces visto entre los legisladores uruguayos.
La norma consta de varios artículos, el primero de los cuales apunta a restablecer «la pretensión punitiva del Estado» para los delitos cometidos por el aparato estatal desde 1973 y hasta marzo de 1985, cuando se restituyó la democracia en el país.
Ese artículo deroga en la práctica la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y mantenida por la ciudadanía en dos referendos, uno en 1989 y otro en 2009, y que evitó juzgar los delitos cometidos por uniformados durante el período dictatorial.
El segundo artículo declara estos crímenes como «crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales signados por Uruguay», lo que evitará la prescripción automática de las torturas, violaciones, asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas cometidos por la dictadura.
El resto de la norma apunta a que su aplicación entrará en vigor en el mismo momento de ser promulgada.
