«Soldados, una cosa es jerarquía y otra cosa es desigualdad. Y en este país tiene que acabarse la desigualdad».
La frase, pronunciada por el presidente ecuatoriano Rafael Correa este fin de semana durante su acostumbrado informe semanal, es sólo el último episodio de la pugna que mantiene con sectores militares y que ha cobrado fuerza en las últimas semanas.
De manera específica, el mensaje se refería a un reciente decreto presidencial que dispuso que «no se produzcan distinciones de ningún tipo» entre oficiales y tropa. Esto particularmente en cuanto al uso de comedores, centros recreativos y viviendas.
El citado decreto por la «equidad» en las Fuerzas Armadas ha causado controversia en Ecuador, pero es solo un capítulo más de una escalada de desencuentros entre Correa y militares que tuvo uno de sus puntos más altos en febrero, cuando el mandatario resolvió destituir al Alto Mando militar.
La destitución del Alto Mando se produjo como respuesta a un comunicado en el que los jefes militares anunciaron que defenderán el patrimonio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), tras una disputa con el gobierno por la venta en 2010 al Ministerio del Ambiente de unos terrenos en la ciudad de Guayaquil de propiedad de los uniformados.
En la ceremonia de posesión del nuevo Alto Mando designado por Correa un grupo de militares en servicio pasivo abandonó el recinto justo cuando el mandatario iniciaba su discurso.
Las tensiones desencadenaron la posterior dimisión del ministro de Defensa y su reemplazo a inicios de este mes por quien, desde enero de 2010, se desempeñaba como canciller, Ricardo Patiño, persona de absoluta confianza del mandatario
Días atrás también se conoció que una treintena de oficiales en servicio activo pidió su salida voluntaria de las Fuerzas Armadas.
«Provocación incesante»
¿Por qué el tira y afloja?
La preocupación de exaltos oficiales militares surge desde la discusión de la enmienda constitucional impulsada por el presidente Correa y aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre pasado, por la cual las Fuerzas Armadas adquieren el rol complementario de apoyar en la seguridad integral del Estado.
Con ello, los militares podrán colaborar con la Policía Nacional en el control del orden público.
«Se movió la misión, y ahora se pasa a la estructura de las Fuerzas Armadas, y se habla de la equidad con el propósito de que no haya diferenciación entre oficiales y tropa», dice a BBC Mundo el general en retiro Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa en 2005 y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en 2002.
Según Jarrín, detrás del accionar del presidente Correa hay una «provocación incesante» a las Fuerzas Armadas.
«Yo como exministro de Defensa y varios otros militares en retiro hemos rechazado la provocación para que las Fuerzas Armadas quiebren la Constitución, para que haya un golpe de Estado. Porque ésta es una maniobra política (de Correa) para victimizarse y para culpar a las Fuerzas Armadas como causantes de todo lo que está viviendo de crisis económica el país», sostiene Jarrín.
«Desorbitantes cesantías»
Por varias semanas el presidente Correa ha insistido en que en las Fuerzas Armadas existen inequidades y privilegios tanto dentro de la institución como en comparación con el resto de la población.
Correa, quien cumple más de nueve años en el poder, ha dicho que los montos por cesantía y pensiones que reciben los oficiales al retirarse son «desorbitantes».
En su discurso en el cambio de mando militar, Correa habló «de esas desorbitantes cesantías subsidiadas por el Estado, donde un general del Ejército recibe más de US$200.000 al retirarse, o pensiones de jubilación de cerca de US$5.000 (…) también subsidiadas por el Estado».
«Les aseguro que repartiendo un poco mejor esos recursos también podrían comer mejor nuestros soldados», dijo el mandatario en la ceremonia militar, tras señalar que su gobierno ha invertido más de US$2.000 millones «en repotenciar las Fuerzas Armadas».
Junto con ello, Correa ha reprochado la idea expresada por el jefe del Comando Conjunto saliente, Luis Garzón, en el sentido de que las Fuerzas Armadas son «la columna vertebral de la patria».
«Me parece tremendamente excluyente. Entonces la Policía, los profesionales, nuestras madres, ¿no son parte de esa columna vertebral?», se preguntó Correa.
Y añadió: «Debemos buscar unas Fuerzas Armadas que son medios, no fines, que cumplan con su deber de defender a la patria, pero sin creerse más importantes que los demás. Unas Fuerzas Armadas sin las grandes inequidades existentes en su interior, y con soldados que esperen ni más ni menos beneficios que los demás ciudadanos».
Incomprensión
En la relación de Correa con las Fuerzas Armadas durante su gobierno destaca el hecho de que fueron los militares quienes lo rescataron cuando fue retenido en un hospital durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
Ese día murieron cinco personas, entre ellas dos miembros del ejército.
Para Simón Pachano, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la situación actual de tensión entre Correa y sectores militares refleja un «muy mal manejo» de un tema relacionado a la seguridad social militar que pudo haber sido discutido a nivel administrativo.
Pachano dice a BBC Mundo que la pugna entre Correa y sectores militares evidencia una incomprensión por parte del gobierno ecuatoriano de las características de las Fuerzas Armadas.
El analista coincide en que el avance de la relación del gobierno con los militares será en parte una prueba para el nuevo ministro de Defensa, Ricardo Patiño, economista quien durante el gobierno de Correa ha tenido una serie de cargos que incluyen desde canciller hasta ministro de Economía y ministro coordinador de la política.
Pero la pugna, al parecer, aún está lejos de terminar.