Una conversación entre la presidenta de Brasil Dilma y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, difundida el miércoles 16 de marzo de 2016 por un juez agravó aún más la crisis política que atraviesa el país.
El diálogo telefónico hace crecer las sospechas de que Rousseff nombró recientemente a Lula como ministro para evitar que lo detuvieran por el caso de corrupción por el que el exmandatario está siendo investigado.
Después de que la charla se dio a conocer, miles de brasileños salieron a protestar frente al edificio de gobierno en Brasilia.
La multitud entonó consignas exigiendo la renuncia de la presidenta.
SUSPENSIÓN DEL NOMBRAMIENTO
Por otra parte, un juez federal de Brasil suspendió el nombramiento del expresidente brasileño Lula da Silva como ministro de Dilma Rousseff, en una decisión que fue apelada horas después por el propio gobierno.
El juez Itagiba Catta Preta Neto basó su decisión en el supuesto «riesgo de daño al libre ejercicio del poder judicial, de la actuación de la policía y del Ministerio Público» que implica que Lula sea ministro de la Casa Civil, lo que en otros países se conoce como jefe de gabinete o ministro de la Presidencia.
Al tomar este jueves posesión como ministro, Lula quedaba aforado al Supremo Tribunal Federal, único competente para investigar y juzgar a miembros del gobierno.
Lula estaría así fuera del alcance del juez federal Sergio Moro, el que lleva las actuaciones en el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
El expresidente es uno de los investigados por presunta corrupción en la causa de sobornos en Petrobras y enfrenta un pedido de prisión de fiscales de Sao Paulo.
Desde Brasil se informó que la decisión del juez es una medida cautelar con efecto inmediato, que puede ser recurrida, algo que el gobierno ya hizo.
Según BBC Brasil, el fallo no tiene precedentes.
La resolución responde a una demanda presentada por partidos de oposición basándose en las causas abiertas a Lula por enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
El juez considera también que el nombrambiento supone una «intervención directa» de la presidenta en asuntos del poder judicial «con traslado de la competencia».
«Y este sería el motivo único o principal de la actuación de la mandataria, alterar la competencia constitucionalmente atribuida a los órganos del Poder Judicial», señala la resolución.
«Al menos de forma hipotética, puede indicar el cometimiento o intento de delito de responsabilidad».
Esos delitos de «responsabilidad» son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir al jefe de Estado.