Fotografías sensuales de la ex pareja del presidente boliviano Evo Morales, supuestamente dedicadas por ésta a una autoridad del entorno del mandatario, fueron difundidas este lunes 11 de abril de 2016 por medios locales, en el marco de una polémica, digna de un culebrón, que el Gobierno calificó de «complot».
«Sí, hay fotografías, la familia las envía, sigue siendo parte de esta conspiración, de este complot, de esta telenovela, como muchos hemos definido esto. Primero es una cosa, luego otra y ahora hay estas fotografías»,
manifestó el ministro de Autonomías, Hugo Siles, a periodistas.
A principios de febrero, un periodista boliviano reveló la relación sentimental entre el mandatario y Gabriela Zapata, ex gerente de la firma china CAMC y que logró millonarios contratos con el Estado y que se encuentra actualmente detenida en un penal de La Paz, investigada por enriquecimiento ilícito.
Una supuesta tía de Zapata, Pilar Guzmán, confirmó a la prensa la autenticidad de las trece fotografías entregadas a algunos medios, que por pudor únicamente difundieron no más de tres o cuatro. Éstos tampoco revelaron el nombre del dignatario al que fueron originalmente enviadas las imágenes.
«Buscan seguir generando el show, el espectáculo y es lamentable, lamentable. Como Gobierno tenemos cosas más importantes a las que referirnos que una ciudadana con poca ropa»,
protestó Siles.
«Me han comentado, pero no he visto siquiera las fotos, me han hablado del asunto, pero nosotros estamos ocupados en el tema jurídico», declaró el abogado de Zapata, Eduardo León. Según el jurista se trata de «un tema más de (la revista) Playboy que de otra cosa».
Zapata, quien dice ser madre de un hijo del presidente Morales, reveló en marzo supuestos diálogos de tono sentimental que la mujer habría mantenido con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, vía WhatsApp. Quintana negó rotundamente la versión y entregó su teléfono celular a la fiscalía para que abra una investigación.
La oposición asegura que Zapata aprovechó sus influencias en el Gobierno para hacer negocios por la empresa CAMC, mientras que el oficialismo descarta vínculos con ella, pese a que admiten que trabajaba sin autorización desde una oficina habitualmente asignada a la primera dama.
