El proceso de juicio político para suspender a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quedó este lunes en un limbo jurídico por el enfrentamiento entre los titulares de la Cámara de Diputados y el Senado.
La decisión del presidente interino de la Cámara de Diputados de anular una votación que autorizaba iniciar el «impeachment» a Rousseff fue rechazada por su homólogo en el Senado.
El proceso de juicio político podría acabar con la presidencia de Rousseff.
«Es una decisión intempestiva», que «no tiene ninguna cabida» en el proceso democrático y que «no puede ser aceptada», dijo el presidente del Senado, Renán Calheiros.
Así respondía a la resolución de Waldir Maranhão, del Partido Progresista, de acoger un pedido del abogado general del Estado argumentando que hubo «vicios» en el voto del mes pasado en la cámara baja a favor del «impeachment» a la presidenta.
El titular de Diputados había solicitado al Senado que el proceso volviera a esa cámara para ser reconsiderado. Sin embargo, el del Senado anunció que seguirá adelante con el cronograma previsto.
Es decir, el miércoles se debería iniciar la sesión para votar si se enjuicia a Rousseff y, de pasar por mayoría simple, comenzaría el «impeachment» y la mandataria sería suspendida de inmediato por hasta 180 días.
El enfrentamiento abre un gran signo de interrogación sobre el futuro del proceso contra Rousseff.
¿Y ahora qué?
En una primera reacción a la noticia de la decisión de Maranhão, Rousseff pidió «cautela» durante un acto oficial en el palacio presidencial de Planalto frente a varios seguidores que gritaron de alegría al enterarse.
Miles de personas se han manifestado a favor y en contra de la mandataria.
«Por favor, tengan cautela. Vivimos una coyuntura de mañas y artimañas», dijo Rousseff, asegurando que desconocía «las consecuencias» de la medida.
En principio, la decisión de Maranhão busca dejar en suspenso la votación del pasado 17 de abril, cuando la cámara baja resolvió autorizar el juicio político a Rousseff por 367 votos a favor contra 137 en contra.
El proceso había pasado así al Senado, donde se da por hecho que esta misma semana se va a votar a favor de la apertura del juicio político por presunto delito de responsabilidad fiscal.
Se desconoce por ahora cómo responderá la propia justicia brasileña al pedido de Maranhão, quien preside de manera interina la cámara baja desde que la semana pasada el Supremo Tribunal Federal sacara al titular, Eduardo Cunha, por enfrentar cargos de corrupción.
Maranhão también se ha visto salpicado por el mismo escándalo.
«Vicios»
Uno de los cuestionamientos de Maranhão a la votación de Diputados que autorizó el juicio político a Rousseff es que los partidos hayan ordenado u orientado a los legisladores cómo debían votar.
«En el caso (los parlamentarios) debían votar de acuerdo con sus convicciones personales y libremente», señaló el líder interino de Diputados.
También cuestionó que muchos diputados hayan anunciado previamente lo que votarían, lo que a su entender supone un enjuiciamiento previo y «una clara ofensa al amplio derecho de defensa que está consagrado en la Constitución».
Maranhão sostuvo además que la defensa de Rousseff tendría que haber hablado en el momento de la votación del juicio político en Diputados, que ocurrió el 17 de abril.
«Efectivamente ocurrieron vicios que tornaron nula de pleno derecho la sesión en cuestión», sostuvo Maranhão al anunciar que acogió parte de los argumentos del abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, un exministro de Justicia de extrema confianza de Rousseff.
El miércoles estaba pautada una votación en el Senado.
Medios brasileños informan que Maranhão mantuvo desde el fin de semana reuniones con miembros del Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta y del Partido Comunista de Brasil (PCdoB).
Una comisión del Senado respaldó el viernes pasado la apertura del juicio político a Rousseff por 15 votos a cinco. En el plenario bastaría una mayoría simple de senadores para apartarla del cargo.
El vicepresidente Temer lleva semanas preparándose para sustituir a la presidenta.
Rousseff es acusada de maquillar el déficit presupuestal del gobierno usando fondos de bancos públicos, lo que está prohibido por una ley de responsabilidad fiscal.
Ella niega haber cometido delito alguno, insiste en que hay un intento de «golpe» de Estado y acusa al vicepresidente Michel Temer y a Cunha de conspirar para derrocarla.
Si la presidenta fuera suspendida, sería reemplazada por Temer, quien desde hace semanas se prepara para gobernar Brasil escogiendo nuevos ministros y anunciando medidas.
