Con la medida, se suprimen los dos empleados domésticos, el coche oficial y los dos chóferes con que contaban

Hollande decreta la reducción de la asignación de los expresidentes de Francia

Hollande decreta la reducción de la asignación de los expresidentes de Francia
Francois Hollande. EP

El presidente francés, François Hollande, dictó hoy un decreto en el que reduce la asignación dedicada a los exjefes de Estado, en particular, reduciendo de forma progresiva el personal del que pueden disponer con cargo al erario público.

El decreto, publicado este miércoles 5 de octubre de 2016 en el Boletín Oficial, establece que cinco años después de abandonar el Elíseo los presidentes deberán prescindir de parte del personal asignado.
Tras ese periodo, los presidentes dispondrán solo de tres colaboradores, en lugar de siete, entre ellos un director de gabinete, y un guardaespaldas, en lugar de dos, según el decreto.

Además, se suprimen los dos empleados domésticos, el coche oficial y los dos chóferes, así como los transportes gratuitos sin límite en primera clase tanto en avión como en tren.

El Estado se hará cargo de los gastos de recepción y desplazamiento de los expresidentes, como hasta ahora, pero solo en caso de que esas actividades tengan vínculo con su condición de antiguos jefes de Estado.

El decreto no varía la dotación económica de la función, que desde 1955 es de 65.000 euros brutos al año.

Aplicación inmediata

La reforma se aplicará de forma inmediata para los expresidentes Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, mientras que para los futuros, incluido el propio Hollande, comenzará a aplicarse nada más que salgan del Elíseo.

Así, los tres expresidentes todavía en vida dispondrán aun de cinco años del máximo de colaboradores y será tras ese periodo cuando tendrán que renunciar a una parte de ellos.

De esta forma, el presidente francés cumple uno de sus compromisos electorales, el de recortar los gastos destinados a los jefes de Estado tras el final de sus funciones.

Ese gasto fue evaluado en 10,3 millones de euros anuales por un informe oficial del Consejo de Estado, de los cuales 6,8 millones estaban destinados a su protección.

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