Los fiscales generales de 16 estados norteamericanos han emitido una declaración conjunta en la que condenan la orden ejecutiva que prohíbe el ingreso en Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
«Como jefes de los funcionarios legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros de nuestros estados, condenamos la inconstitucional y antiestadounidense orden ejecutiva del presidente Trump»,
señalan los fiscales firmantes, entre los que se cuentan los de California, Nueva York o Pensilvania.
Los fiscales aseguran que van a «trabajar juntos» para garantizar que el Gobierno federal obedezca la Constitución, respete la historia como nación de inmigrantes y no ataque «ilegalmente a nadie por su país de origen o su religión». Así, defienden que la «libertad religiosa ha sido y siempre será el principio fundacional de nuestro país y ningún presidente puede cambiar esa verdad».
La declaración «aplaude» la decisión de varios tribunales federales que han paralizado la aplicación de la orden ejecutiva y anuncian que utilizarán «todas las herramientas de nuestros cargos para combatir esta orden inconstitucional».
«Confiamos en que la orden ejecutiva será en última instancia derogada por los tribunales. Mientras, vamos a trabajar para garantizar que la menor cantidad de personas posible sufra la caótica situación que ha creado», concluye el texto.
El decreto presidencial suspende durante cuatro meses las concesiones del estatus de refugiado, impone una moratoria provisional a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y paraliza el Programa de Admisión de Refugiados. Además, fija en 50.000 el máximo de refugiados que acogerá el país en 2017, menos de la mitad de los 117.000 acogidos el año anterior.