Donald Trump asegura que con su polémica orden ejecutiva sobre inmigración está defendiendo a Estados Unidos del terrorismo, pero un «supuesto juez» lo «hace muy difícil».
En cambio el juez federal James L. Robart afirma que frenó la controvertida medida del presidente -que limita la entrada a EE.UU. de ciudadanos de 7 países y de refugiados- porque quiere que las acciones de Trump sean legales.
¿Estamos asistiendo al comienzo de una crisis constitucional en EE.UU.?
Se trata de un enfrentamiento entre dos ramas del gobierno -la ejecutiva y la judicial- que teóricamente tienen el mismo peso.
¿Estamos asistiendo al comienzo de una crisis constitucional en EE.UU.?
¿Cuáles son los riesgos?
La separación de poderes es crucial para entender cómo EE.UU. es gobernado.
La Constitución del país estableció el atesorado sistema de control y equilibrio, en el que las diferentes ramas el gobierno tienen la misma autoridad y se compensan mutuamente.
El juez federal James L. Robart afirma que frenó la controvertida medida del presidente porque quiere que las acciones de Trump sean legales.
El gobierno federal está dividido en tres partes distintas: la rama ejecutiva -que incluye al presidente y su gabinete-, la rama legislativa -con el Congreso, que crea las leyes-, y la judicial.
La mayor parte del tiempo esto funciona bien y cada poder coopera con el otro.
Pero con el actual presidente abiertamente enfrentado a la justicia, existen temores de que podría alcanzarse un punto muerto.
Eso podría llevar a una crisis constitucional -un escenario sin solución- en especial después de que Trump abiertamente cuestionara la autoridad del juez que paralizó su orden ejecutiva.
«La hostilidad del presidente hacia el estado de derecho no solo es vergonzosa, es peligrosa», dijo el senador demócrata Patrick Leahy, quien forma parte del comité judicial del Senado.
«Pareciera estar buscando una crisis constitucional», advirtió.
¿Un juez al mismo nivel que presidente?
Pero ¿puede realmente un juez estar a la misma altura que un presidente?
Durante toda la semana ha habido protestas en los aeropuertos estadounidenses en contra de la orden ejecutiva de Trump.
Hay cerca de 700 jueces federales en EE.UU., entre los que se encuentra el magistrado que se paralizó la orden de Trump.
A diferencia de los jueces de distrito estatales, estos hombres y mujeres son parte del sistema de cortes federales, al igual que la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones.
En el día a día, son los 94 tribunales de distrito los que se dedican a interpretar las leyes y tratados del país, y a juzgar a los funcionarios públicos, poderes que le atribuye la Corte Suprema.
Pero los tribunales no emiten opiniones sobre políticas del gobierno a menos que se los consulte. Sólo interpretan la ley cuando un caso es llevado ante ellos.
Las otras dos ramas del gobierno hacen las leyes y las ejecutan. El Poder Judicial interpreta la ley cuando hay una disputa.
Y eso es lo que ocurrió en esta ocasión: una orden ejecutiva presidencial tiene fuerza de ley y está sujeta a los mismos controles.
Esos poderes judiciales han sido usados muchas veces antes.
Barack Obama enfrentó bloqueos en 2015 cuando quiso usar una orden ejecutiva para legalizar la situación de millones de inmigrantes indocumentados. Y George W. Bush tuvo batallas similares con el tema de los detenidos en la prisión de Guantánamo.
¿Por qué Trump no despide a estos jueces?
Es cierto que los jueces de distrito son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado.
El «supuesto juez» criticado por Trump, James Robart, fue nombrado por George W. Bush y confirmado en su cargo en 2004.
Pero un mandatario no puede despedir a jueces.
Esto es porque los padres fundadores de EE.UU. crearon un sistema que protege al Poder Judicial de interferencias.
Solo el Congreso puede remover a un juez federal de su cargo, a través de una impugnación, que involucra a ambas cámaras.
Es el mismo sistema que se usa para destituir a un presidente.
Esta protección, en términos prácticos, es muy rígida. En toda la historia de EE.UU. solo ocho jueces fueron removidos de esta manera.
Lo habitual es que los jueces federales cumplan sus funciones hasta que elijan retirarse o mueran.
Es decir que en este momento dos de los tres poderes de la nación están en conflicto y ninguno puede remover al otro.
¿Y la Corte Suprema?
Trump podría llevar sus cuestionamientos sobre la decisión del juez Robart ante la Corte Suprema.
Como su nombre sugiere, la Corte Suprema tiene el máximo poder dentro de la rama judicial. Todas los otros tribunales están por debajo de ella.
Por ello, Trump podría llevar sus cuestionamientos sobre la decisión del juez Robart ante esta corte.
Como el resto de los tribunales federales, la Corte Suprema está protegida de interferencias.
Normalmente está compuesta de nueve magistrados pero tras la muerte de Antonin Scalia actualmente solo tiene ocho miembros: cuatro nombrados por presidentes demócratas y cuatro por presidentes republicanos.
El puesto vacante deberá ser llenado por alguien nombrado por Trump.
El tercero en discordia
¿Y qué pasa con el tercer poder, la rama legislativa?
El Congreso podría poner fin al punto muerto entre el presidente y el Poder Judicial creando una ley que revierta su decisión sobre inmigración, o incluso impugnando al presidente o a un juez.
Pero como el Partido Republicano de Trump tiene mayoría en el Congreso, es improbable que tome alguna acción contra él.
Y dada la importancia que tiene la independencia judicial para el sistema estadounidense de gobierno, avanzar en un ataque contra un juez en nombre de un presidente sería un paso drástico.
No obstante, con dos de los tres poderes del gobierno en conflicto, es posible que la decisión finalmente recaiga en el Congreso o en la Corte Suprema, a menos que Trump modifique su orden ejecutiva.
Esa decisión sería la más prudente y seguiría los pasos de sus predecesores que muchas veces debieron dar marcha atrás cuando enfrentaron oposición judicial.
Sin embargo, por ahora Trump ha dicho que «simplemente no puede creer que un juez pondría al país en tanto peligro», una frase que sugiere que no está listo para cambiar de opinión.
