Hasta 311 policías calificados de corruptos han sido enviados por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, a la isla de Basilán, un territorio bajo el control del grupo terrorista filipino Abú Sayyaf, conocido por decapitar a sus cautivos. «Vivirás allí durante dos años. Si sales vivo, puedes regresar», dijo el presidente. No obstante, la orden, impuesta como castigo, ha sido desafiada por más de 250 agentes, que no se han presentado a su destino.
«Te enviaré a Basilán, vivirás allí durante dos años. Si sales vivo, puedes regresar. Si mueres allí, le diré a la Policía que no se moleste en traer tu cuerpo y le pediré que te entierren allí».
Con esas palabras, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se dirigió a principios de este mes a los policías que se han visto involucrados en casos de corrupción, a los cuales, como castigo, les ha enviado a la isla de Basilán y, -tal y como manifestó-, solo regresarán a Manila si viven allí durante dos años.
Concretamente, la orden se produjo justo una semana después de que Duterte descubriera que varios agentes corruptos utilizaron su guerra contra las drogas como tapadera para secuestrar y asesinar a un hombre de negocios surcoreano.
BASILÁN, BAJO EL CONTROL DEL GRUPO TERRORISTA ABÚ SAYYAF
La inestable isla de Basilán conforma un territorio controlado por los milicianos del grupo terrorista filipino Abú Sayyaf, conocido por decapitar a sus cautivos.
Por esta razón, entre otras, más de 250 de los denominados policías filipinos corruptos no se han presentado a su destino de castigo este martes.
Solo 53 de los 311 agentes a los que Duterte llamó públicamente «idiotas y tontos hijos de puta (sic.)» estaban dentro del avión C130 cuando ha aterrizado en la ciudad sureña de Zamboanga, un punto de tránsito para llegar a la citada isla.
«Están mostrando su mala actitud mediante su ausencia», ha asegurado el jefe de Policía de la región, Óscar Albayalde, quién ha añadido que quien no envíe una justificación por escrito explicando su ausencia, perderá su trabajo.
LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS
Desde que Duterte asumiese la presidencia el 30 de junio de 2016, y en el marco de la campaña antidroga puesta en marcha hace siete meses, más de 7.700 personas han fallecido. Una campaña que se ha convertido en una auténtica ‘ guerra contra las drogas’, donde tanto la policía como los ciudadanos, a menudo vistos como ‘justicieros voluntarios’, han contado con el respaldo del Gobierno para ejecutar a aquellos sospechosos de traficar o estar en posesión de drogas.
Como consecuencia, numerosas ONG a lo largo de estos meses han condenado la matanza y varios grupos de defensa de los Derechos Humanos han denunciado que muchas de las víctimas, efectivamente, podrían haber muerto a manos de guardias de seguridad y sicarios contratados por las fuerzas de seguridad.