La lista de enemigos de Trump se va haciendo cada vez más larga. California nunca ha estado en el bando afín al nuevo presidente de Estados Unidos por el simple hecho de que es uno de los estados en los que más inmigrantes hay, especialmente latinos (la cifra asciende a 14,4 millones). Ahora, Los Angeles, una de las ciudades principales tanto del estado como del país entero, se ha alzado en armas contra Trump y sus leyes migratorias.
En concreto, el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, ha firmado este martes una orden municipal para rechazar cualquier acción del gobierno de Trump que tenga como finalidad la separación de las familias de inmigrantes.
La orden prohíbe que todos los departamentos, servicios y recursos de la ciudad (desde la policía hasta las bibliotecas) cooperen con la policía de inmigración federal para proteger de este modo a los habitantes de Los Angeles.
La nueva orden amplía esta política al departamento de bomberos, a las policías del puerto y a las del aeropuerto. Además, obliga a los empleados municipales a comunicar cualquier intento por parte de la policía de inmigración de obtener su colaboración.
El alcalde de Los Angeles organizó este martes dos comparecencias en el este de la ciudad, de mayoría latina, junto al jefe de policía Charlie Beck y al concejal Gil Cedillo para informar sobre la preocupación en materia de inmigración y dar a conocer esta nueva normativa.
El jefe de la policía, por su parte, se mostró preocupado por el hecho de que el número de denuncias en la ciudad realizadas por los latinos había disminuido considerablemente. Sin embargo, puntualizó que los delitos o los crímenes no habían disminuido, lo que podría suponer que los inmigrantes tienen miedo de denunciar por una posible deportación.
En Los Ángeles se calcula que viven más de 800.000 inmigrantes indocumentados y un 38% de la población es extranjera. En todo el país, el Gobierno ha cifrado en 11 millones el número de indocumentados y en los últimos meses el departamento de Seguridad Interior ha anunciado que contratará 15.000 nuevos agentes y ampliará el foco de la persecución a casi todos los que lleven menos de tres años en el país para una posible deportación.
