Procesada, quebrada y sin poder salir del país. Todo es, para ella, una «persecución» por haber declarado al presidente argentino, Mauricio Macri, su enemigo.
Es Hebe de Bonafini, la carismática, impetuosa y, para algunos, indecorosa presidenta de Madres de Plaza de Mayo, la organización que lideró una heroica lucha por los derechos humanos durante y después del gobierno militar argentino de los años 70 y 80.
«Por primera vez le pasaron la boleta a Estados Unidos por lo que hizo durante toda su vida», declaró tras los ataques a las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001.
Pocos en Argentina dudan de la relevancia histórica de Madres de Plaza de Mayo y sus escándalos de corrupción son considerados excepcionales durante el kirchnerismo.
Además, señaló a los nacionalistas vascos de ETA como «un ejemplo de dignidad» y dijo -en una crítica a las Abuelas de Plaza de Mayo, otra legendaria organización de derechos humanos- «basta de ser democráticos para ser buenitos. Yo me cago en los buenos».
Esa es Hebe, cuya organización fue declarada en quiebra este lunes por un juez comercial que falló a favor de Miguel Ángel Ortiz Benítez, un exempleado de la entidad que la demandó por un impago de US$7.000.
No es la única ni la menor demanda de exempleados o exproveedores a Madres de Plaza de Mayo, gestora entre 2005 y 2011 de «Sueños Compartidos», un proyecto de construcción de vivienda social impulsado por el gobierno de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
Son, por el contrario, decenas las demandas que empezaron a caer sobre la famosa organización después de que la justicia creó una «megacausa» en contra de la entidad, acusada de desfalcar los fondos estatales destinados para las viviendas.
¿Quién es quién?
En 1977, durante uno de los regímenes militares más cruentos en la historia de Argentina y América Latina, el gobierno mantenía una política de desaparición forzada de disidentes políticos y opositores, muchos de ellos jóvenes.
Las madres y abuelas de estos perseguidos políticos se organizaron, todos los jueves en la plaza central de Buenos Aires, para buscarlos y condenar la violencia estatal en una de las luchas por los derechos humanos más celebradas a nivel mundial.
Con el tiempo esa organización se fue consolidando, pero también disgregando y politizando.
Así, surgieron formaciones distintas como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que marcaron distancia con Bonafini, quien durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner terminó de definir su militancia política, lejos -según las otras madres y abuelas- de la defensa de los derechos humanos.
Los proyectos de Madres de Plaza de Mayo que antes eran informales o artesanales cambiaron durante los gobiernos de los Kirchner gracias a las adjudicación de recursos.
La radio, el canal de televisión y el instituto universitario que antes eran populares ahora eran proyectos estatales de gran envergadura y presupuesto.
Parte de esa nueva proyección fue el programa Misión Sueños Compartidos.
¿Cómo y cuándo termina encausada en un trama de corrupción?
En 2006, el gobierno de Kirchner lanza el proyecto «Sueños Compartidos» en Buenos Aires y luego en el resto del país, según los críticos en municipios cercanos al oficialismo.
Todo esto llevaba la supervisión de Bonafini y Sergio Schoklender, apoderado de Madres de Plaza de Mayo que la activista conoció en la cárcel, mientras él cumplía una condena por haber matado a sus padres.
En 2011 Schoklender salió de la organización, según él por razones personales, pero de acuerdo a Bonafini por el mal manejo de los fondos.
Ahí arrancaron las investigaciones judiciales, que entre otras resultaron en un informe, en 2014, de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre lo adjudicado y malversado.
Según la AGN, entre 2005 y 2011 el Estado entregó el equivalente de US$3.000 millones (a tasa de cambio oficial de 2011) a Madres de Plaza de Mayo.
Se calcula que se pagó y aprobó la construcción de 4.757 viviendas, pero sólo 822 fueron adjudicadas y terminadas en un proceso que la AGN calificó de «clientelista» y «arbitrario».
En total, la AGN reportó US$52 millones perdidos.
Pero la pregunta es dónde está el dinero, si fue malversado y si es parte de la deuda con exempleados y exproveedores.
Investigaciones periodísticas calcularon que el patrimonio de Schoklender -a nombre de terceros- incluye dos aviones, un yate, una casa de lujo, propiedades en Buenos Aires y 12 lotes en el campo.
Sergio Schoklender ers el «hijo adoptivo» de Madres de Plaza de Mayo. Hoy ellas mismas lo acusan de haber desfalcado a la organización.
Pero las investigaciones -en concreto bajo los cargos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, defraudación a la administración pública y abuso de autoridad- se han mantenido hasta ahora sin que nada se compruebe.
Por la misma razón que ahora le prohíben salir del país, la justicia ordenó en agosto de 2016 detener a Bonafini, quien fue respaldada por una multitudinaria protesta al frente de los juzgadas y finalmente no fue arrestada.
¿Qué dicen ellos?
Hace un mes Bonafini y Schoklender fueron formalmente procesados por primera vez desde que inició la causa y reiteraron sus versiones sobre el caso.
Bonafini, primero, acusa a Schoklender, quien había sido como un hijo para ella, de «ladrón» y «traidor».
Pero también dice que el procesamiento es «el precio que tenemos que pagar por haber dicho que Macri era nuestro enemigo (…) y por denunciar que él y su gobierno fueron partícipes de la dictadura con sus empresas».
«El precio es este, que el poder judicial, no la justicia, me procese. Estoy honradísima de ser procesada por este poder y por este gobierno. Gracias Macri por darme este honor de ser procesada», dijo irónicamente el mes pasado.
Evo Morales, Hugo Chávez, Gerard Depardieu, Fidel Castro. Actores, mandatarios, personalidades han celebrado su activismo.
Schoklender, por su parte, asegura que los dineros no fueron malversados, sino utilizados en la campañas electorales del kirchnerismo, con lo que sacrificaron los pagos de exempleados y exproveedores como Benítez, el causante de la declaratoria de quiebra y prohibición de salida del país del lunes.
«No hay malversación de dinero», dijo Schoklender a medios locales en mayo. «El juez entiende que la plata que hace falta es de empleados que trabajaron en obra pública, por lo que relaciona eso con defraudación».
Por otro lado, Schoklender dice que «Hebe no se enriqueció ella personalmente, lo que hizo fue financiar, a través de lo que sobraba de ‘Sueños Compartidos’, la universidad, el centro cultural la radio, actos y movilizaciones».
Luego, denunció, «ella comienza a financiar campañas políticas de los candidatos que Cristina le indicaba».
