Si hay alguien que está haciendo «méritos suficientes» para ser denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), como cómplice o colaborador de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, ese es el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
Afirmar, que el éxodo de venezolanos huyendo del país es culpa de las sanciones impuestas por el gobierno de los EE.UU y países de la UE, es una auténtico disparate que sólo puede obedecer a una intención planificada de tratar de disuadir a la opinión internacional acerca de quienes son los verdaderos culpables de dichos crímenes, para así favorecer a Nicolás Maduro y demás miembros de su narcotiranía. (William Cárdenas Rubio-Vargas: «Justicia Internacional y voluntad política»)
Esta intención de persuadir no es inocua o baladí, si con ella también se pretende que se instale esta opinión no sólo en la comunidad internacional, sino en los órganos de justicia internacional, que han empezado a investigar estos crímenes.
Si tal afirmación viniera de un lego o poco experimentado observador, podríamos pensar en un dislate, pero si hay alguien que sabe lo que está ocurriendo en Venezuela, es Rodríguez Zapatero, quien se ha promovido como «mediador», de una mediación que sólo ha permitido a la dictadura de Maduro ganar tiempo, en el transcurso de la cual se han cometido más crímenes y han aumentado los presos políticos del régimen.
Zapatero se une a otros «mercenarios ideológicos» que han participado en esta labor de apoyo a la dictadura chavista/madurista, como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, Jorge Vestringe y todos aquellos miembros de Podemos que despachaban desde el Palacio de Miraflores en Caracas. O a muchos otros, como aquellos panegiristas del chavismo, entre los que destacamos a Ignacio Ramonet, el director de la edición en español de Le Monde Diplomatique o a Walter Martínez, el uruguayo presentador de Telesur. (William Cárdenas: «Pablo Iglesias y Venezuela»)
El artículo 25 del Estatuto de Roma (ER) es amplio y a la vez preciso en la determinación de la responsabilidad individual de quienes actúan como cómplice, encubridores o colaboradores en este tipo de crímenes contra la humanidad, e incluye a quien «contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común».
El exterminio a que está sometida parte de la población venezolana, es un crimen de lesa humanidad previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma, cometido por un grupo de personas que tienen esta finalidad, que se está ejecutando actualmente en Venezuela de manera silenciosa, «por la imposición intencional de condiciones de vida, privación de alimentos y medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de la población», cuyo resultado es la muerte de miles de personas por hambre, desnutrición o falta de atención médica, razón fundamental, junto a la represión y la violencia, de la huida de los venezolanos de su tierra.
El presidente Zapatero debe ir preparando su equipo de abogados, entre los cuales seguramente estará el ex juez Baltasar Garzón, pues la denuncia ante la Fiscalía de la CPI, parece inminente.
William Cárdenas Rubio-Varga
Director de Consultores Cárdenas
