Diecisiete años después, la justicia llegó para Linda Loaiza.
En marzo de 2001, cuando tenía 18 años, fue secuestrada y vivió una pesadilla.
Durante sus cuatro meses de cautiverio fue violada y brutalmente agredida por su captor.
Este 16 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado venezolano por haber violado los derechos de Loaiza en el proceso judicial que se siguió en Venezuela por su caso.
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El caso de Loaiza se hizo tristemente famoso en Venezuela.
Cuando fue liberada por agentes de Policía y del Cuerpo de Bomberos, las imágenes de su rostro desfigurado por las torturas a las que la había sometido su captor saltaron a las páginas de los diarios locales.
Al secuestrador, Luis Carrera Almoina, lo apodaron por su crueldad «el monstruo de los Palos Grandes», la zona acomodada de Caracas en la que ocurrió todo.
La pesadilla de Linda, en realidad, apenas comenzaba.
Estuvo más de medio año hospitalizada y tuvo que pasar por el quirófano hasta 15 veces para reconstruir su rostro, desfigurado por los malos tratos de Carrera Almoina.
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La Justicia venezolana lo condenó por los delitos de lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad, pero no por los cargos de violación y homicidio frustrado que también le imputaba la Fiscalía.
Después de 6 años en prisión salió en libertad.
El desenlace suscitó un gran debate en el país sobre el machismo en la sociedad.
Durante los dos juicios que se celebraron en Venezuela, Loaiza y su familia denunciaron numerosas irregularidades, como retrasos en los trámites y constantes cambios en los jueces y fiscales encargados.
Así que, convencida de que en su país nunca a iba encontrar la reparación que buscaba, decidió recurrir a la CIDH, convirtiéndose así en la primera venezolana en apelar a esta instancia.
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«Lo que le pedí a la corte es que el Estado venezolano sea declarado responsable por la violación a los derechos humanos, porque no cumplió con la debida diligencia ni garantizó el debido proceso. Además hubo violación de mi integridad personal y de mi familia», le dijo el pasado febrero a BBC Mundo.
Ante la corte, Loaiza tuvo que revivir parte de aquel calvario.
«Este señor me tomó fotos desnuda arrodillada sobre latas de refresco mientras me golpeaba», relató a los jueces del tribunal interamericano.
Finalmente, la CIDH dio a conocer su decisión, que deja malparadas a las instituciones venezolanas.
La Corte considera que el Estado fue responsable por la reacción negligente e insuficiente de los funcionarios encargados del caso y ordena seguir investigando lo ocurrido en aquellos fatídicos meses de 2001.
Reclama asimismo que Carrera y el resto de responsables, si las futuras investigaciones determinan que los hay, sean también castigados por los delitos de tortura y violación.
Las autoridades venezolanas deberán también garantizar la seguridad de Loaiza y sus familiares, y depurar las responsabilidades de los funcionarios que no investigaron debidamente lo ocurrido.
Loaiza tendrá derecho ahora a una beca con la que poder terminar sus estudios.