El 2 de marzo de 2018, un superior llamó a Henry José Medina Gutiérrez y le ordenó que se reuniera con un alto mando del Ejército. Pero al llegar a la sede del Ministerio de Defensa, en Caracas, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo detuvieron. (La dictadura chavista inicia su persecución de los opositores a favor del Grupo de Lima)
Ese mismo día fue arrestado Igbert Marín Chaparro, en la base militar de Fuerte Tiuna, y en el estado de Táchira la sargenta del Ejército Tamara González recibió orden de reincorporarse luego de una licencia médica, pero al llegar a la base militar donde estaba asignada fue detenida por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Otros 20 militares fueron arrestados ese día. Algunos fueron luego liberados, pero Medina Gutiérrez, Marín Chaparro y González (este último un pseudónimo para proteger su identidad) fueron trasladados a la sede de la DGCIM en la capital venezolana junto a varios más. Allí fueron golpeados, insultados y recibieron distintas formas de tortura. (Estados Unidos sanciona a siete individuos y 23 empresas por corrupción en Venezuela)
A González le colocaron una capucha con gas lacrimógeno que le provocó quemazón en el rostro, y lo mismo padeció Chaparro, quien fue obligado a permanecer esposado a una silla durante 72 horas, entre otros tormentos.
Durante una semana quedaron aislados, sin contacto con sus familiares ni abogados. Hasta que el 9 de marzo fueron llevados ante un tribunal militar, acusados de traición, instigación a la rebelión y delito contra del decoro militar. Ese fue el principio de un calvario que para algunos continúa todavía. Medina Gutiérrez, Marín Chaparro y González son sólo tres víctimas entre muchas otras, en el marco de una cruenta ofensiva de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad venezolanas contra militares acusados de conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro.
Los casos -al menos 32 en total- fueron documentados por Human Rights Watch (HRW) y la organización no gubernamental venezolana Foro Penal, y reunidos en un informe que se hizo público este miércoles en Washington. De acuerdo con los testimonios recogidos, también familiares de algunos de los militares acusados fueron detenidos y torturados por los agentes de inteligencia y de seguridad para obtener información sobre supuestas conspiraciones contra el gobierno chavista.
«El gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración», afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. «Los agentes de inteligencia no solo están deteniendo y torturando a militares, sino que en algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan».
Esto ocurre en un contexto de creciente aislamiento internacional del régimen de Maduro, quien se apresta a asumir este jueves un nuevo período presidencial como resultado de unas elecciones ampliamente cuestionadas.
En este sentido, Tamara Taraciuk Broner, abogada senior de HRW para las Américas, señaló a Infobae que es «cada vez más evidente que el gobierno de Venezuela no tiene legitimidad, porque las elecciones de mayo pasado no fueron libres ni justas». Agregó que el régimen está aislado y en consecuencia «refuerza las tuercas de la represión».
Algunas de las víctimas de las detenciones ilegales y torturas son militares de diferentes rangos a los que el régimen acusa de colaborar con Oscar Pérez, un policía insubordinado que habría sido ejecutado extrajudicialmente por haberse opuesto al gobierno de Maduro.
Según comprobaron las organizaciones, los militares y sus familiares detenidos en el marco de la ofensiva oficial sufrieron brutales golpizas, intentos de asfixia con bolsas de plástico, cortaduras en las plantas de los pies, descargas eléctricas, privación de comida y acceso al baño, y amenazas de muerte. «Los militares mismos están sufriendo la represión», enfatizó Taraciuk Broner.
Además, según el informe de HRW varios abogados que representan a los acusados y pudieron acceder a los expedientes y a las audiencias afirmaron que las acusaciones contra los militares detenidos fueron fabricadas y que no existían pruebas concretas en su contra.
El acceso a los documentos judiciales es sumamente restringido y hasta la fecha el gobierno venezolano no dio respuesta a las consultas de la organización de derechos humanos sobre las pruebas en que se basaron las acusaciones contra los supuestos implicados en actos de traición e instigación a la rebelión.
Por otra parte, lejos de ser casos aislados, los hechos documentados por HRW y el Foro Penal siguen el mismo patrón de torturas y abusos contra detenidos cometidos por la policía venezolana, agentes de inteligencia y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que estas y otras organizaciones vienen denunciando desde 2014. «En cada informe concluimos que esta evidencia permitía concluir que los abusos fueron parte de una práctica sistemática», apunta el informe difundido hoy.
De hecho, desde 2014 son más de 380 los casos de trato cruel, inhumano o degradante contra opositores al gobierno de Maduro, incluidos al menos 31 casos de tortura de acuerdo con las evidencias que recogieron las organizaciones humanitarias. Pero los investigadores creen que fueron muchos más y que en muchos casos las víctimas prefieren no denunciar los abusos por temor a sufrir represalias.
«Queda en evidencia que si bien la crisis humanitaria ocupa los titulares, no debe olvidarse que la represión en Venezuela es brutal. Llega a niveles maquiavélicos y afecta tanto a militares como a familiares de acusados de traición», dijo Taraciuk Broner. Los casos mencionados más arriba ilustran esta brutalidad.
Durante 65 días los familiares y abogados de Marín Chaparro no pudieron verlo ni hablar con él, indica el informe de HRW. Cuando finalmente lo vieron, había perdido 15 kilos. Sólo había visto la luz del sol las dos veces que fue llevado al tribunal y, según les dijo, era habitual que los guardias no le dieran los medicamentos que toma para regular la presión arterial y que comía y defecaba en una bolsa en la celda de dos por tres metros en la que estaba encerrado. En diciembre pasado todavía se encontraba preso en la sede de la DGCIM, en Caracas, pese a que el juez había dispuesto su traslado a una prisión militar.
Por su parte, Medina Gutiérrez estuvo tres meses hacinado en la cárcel de Santa Ana, en Táchira, durmiendo en una litera en un pasillo. El 16 de junio fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, en Caracas, donde estuvo cuatro días con otros diez detenidos en una celda de «castigo» de dos metros por tres, según contó a su esposa. Los 11 comían, orinaban y defecaban allí mismo.
La abogada de González afirmó que no hay prueba alguna que corrobore las acusaciones sobre la supuesta pertenencia de su defendida a una organización montada para conspirar contra el gobierno y la difusión de un video en el que presuntamente instaba a miembros de las Fuerzas Armadas a sumarse a la rebelión. No hay pruebas ni existe tal video, sostuvo. Tampoco hay todavía una fecha para el juicio.
