Era Josep Borrell la ‘gran esperanza blanca’, el socialista que tenía postura firme en Cataluña y criterio en casi todo, pero desde que Sánchez le dio un cargazo no para de ‘cagarla’ (Rosa María Mateo cede el plató de TVE al sicario de Maduro para que haga propaganda de la dictadura chavista).
El ministro español de Asuntos Exteriores recalcó este 30 de enero de 2019 que «España no quiere un cambio de régimen» en Venezuela, sino que los venezolanos puedan expresar libremente «quién quieren que les gobierne».
Borrell aseguró que España considera que la «única salida» es la convocatoria de unas elecciones presidenciales que, si en ocho días no convoca Nicolás Maduro, deberá hacerlo Juan Guaidó. Así lo aseguró el jefe de la diplomacia española en su comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para explicar la situación en Venezuela y la posición del Gobierno ante la crisis en aquel país.
Las elecciones deberán celebrarse con «garantías y supervisión de la comunidad internacional» y garantizar que puedan presentarse «todos los líderes políticos opositores».
«En el caso de que Maduro no atienda esta petición, se reconocerá a Guaidó como presidente interino de la República, como presidente que es de la Asamblea Nacional para que, de acuerdo con las previsiones constitucionales, en los 30 días que la Constitución le da como plazo, proceda en consecuencia».
En respuesta, la mayoría de los partidos de la oposición criticó al Gobierno, en el caso de PP y Cs, por no haber reconocido ya a Juan Guaidó como presidente, y en el de Unidos Podemos y ERC, por respaldar a unos «golpistas» y alentar el riesgo de guerra civil.
Borrell dijo que el amplio abanico de críticas reflejan posiciones «desde el menos infinito hasta el más infinito», y aseguró que entre ambos extremos, el Gobierno está «in the middle of the way» (a mitad de camino) en un momento en que en Venezuela «caduca una legitimidad y comienza otra».
Recordó que el día 10 de enero, Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela en base a una elecciones que no fueron «ni justas, ni libres y por supuesto ilegítimas».
Es ante este «cambio de circunstancias, cambia la solución», pero el criterio de España no ha cambiado, la posición española «no es nueva, es la de siempre» pero ahora ha llegado la hora de «tomar decisiones».
«Por ello, hay que establecer un instrumento que permita facilitar, hasta que sea posible y se pierda la ultima gota de esperanza, un diálogo que evite lo peor».
«Y reconociendo la legitimidad que asiste al presidente de la Asamblea Nacional, entre mantener la situación en la que estamos, que no conduce ya a ninguna parte, y reconocer la legitimidad de quien se ampara en la Constitución y la Asamblea Nacional, hemos optado por lo segundo, dando un plazo razonable para que se puedan poner en marcha los mecanismos que todavía puedan existir».
